Rizzo es el alma mater de Gente de Derecho.

Acostumbrado a litigar con éxito en los tribunales, a Jorge Rizzo un día le tocó perder. Venía de buena racha porque recientemente la Cámara en lo Civil y Comercial federal le había retornado los depósitos de las cuentas judiciales al Banco Ciudad luego de que el kirchnerismo aprobará una ley impulsada por Diana Conti que las traspasará al Nación esos fondos.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se enfrentó al Colegio de Escribanos por una innovación dispuesta en la última presidencia de Rizzo que permitía a los abogados certificar algunos documentos, potestad siempre reservada en forma exclusiva a escribanos.

“Varias veces le dijimos a Jorge que eso no iba a caminar, pero él estaba muy envalentonado por el fallo Rizzo que frenó la reforma judicial y no hubo forma de pararlo”, se lamentan en estricto off the record algunos colaboradores del carismático líder de Gente de Derecho.

Cuando los escribanos iniciaron la demanda los abogados respondieron para defender el llamado “Registro de Certificadores”. “Esto es, al firmarse las copias de traslado, al acompañar copia simple de poderes actuando como apoderados, al ‘certificar’ la firma del cliente en cada escrito judicial; en virtud de ello se creó el registro de certificadores para que los abogados allí inscriptos pudieran ‘certificar’ documentos relacionados con sus clientes, dándoles ‘presunción de autenticidad y legalidad’ sobre la autoría, fecha e integridad de los documentos”, explicaron los abogados cuando les tocó responder la demanda.

Para el Colegio de Abogados esa “certificación” no es una función “de competencia privativa de los escribanos, tal como lo demuestra el hecho de que no está incluida en el artículo 20 de la ley 404 de la C.A.B.A., sino en el 21, únicamente en carácter de una facultad que se otorga para ser ejercida en oportunidad de las funciones privativas previstas en el 20; lo cual no implica que tal facultad tenga también carácter de competencia privativa”.

Pero no fue suficiente. La jueza federal en lo contencioso administrativo María Carrión de Lorenzo se expidió en favor de los escribanos porque entendió que no estaban claros los límites y los alcances de los “abogados certificadores”.

El caso llegó a la Cámara y los jueces Clara Do Pico, Eduardo Facio y Carlos Grecco confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia. El revés para los abogados fue doble.

Los escribanos festejaron el fallo con un sabor especial. Y es que el vicepresidente de la entidad que los nuclea, Bernardo Mihura Estrada es hermano de Ricardo Mihura, uno de los opositores más duros que tiene Rizzo en el Colegio de Abogados ya que ha denunciado todo tipo de irregularidades en los manejos del Colegio.

El Colegio Público de Abogados cambio de autoridades recientemente tras la muerte del presidente Roberto López. Lo reemplazó Eduardo Awad, integrante de la mesa chica de Rizzo, alma mater de Gente de Derecho, la agrupación que maneja desde hace años los destinos del colegio de abogados más grande del país.