Scioli decretó la emergencia en seguridad en abril de 2014.

Por Mercedes Calzado

En la sobremesa hicieron silencio. La tira diaria había atrapado a toda la familia. El adolescente arrebató del borde de la mesa el control remoto y subió el volumen, los modismos de un español no rioplatense eran difíciles de comprender.

Parecía una escena trascendental. En la pantalla, dos hombres viajaban en una limusina. Uno de ellos tomaba con tranquilidad un whisky, el otro hablaba por teléfono. Por las ventanas del auto se veía avanzar una ciudad repleta de verdes intensos. La escena se completaba con un tercer hombre, de oliva militar, que escuchaba atemorizado el mensaje que le llegaba por teléfono desde la limusina. “Le tengo dos noticias. Una buena y una mala. Usted me recibe 100 mil dólares a partir de hoy o yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago… mejor dicho hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar”. En el living, del otro lado de la pantalla, la familia no sacaba la vista de la intensidad los hechos. Los adultos se miraron, abrieron los ojos, levantaron las cejas y los hombros, sorprendidos y alarmados por las palabras. El más joven, en cambio, lanzó una carcajada y empezó a imitar al personaje televisivo mientras tomaba el celular, abría la aplicación de Twitter y sintetizaba la frase que acababa de escuchar en los 140 caracteres permitidos.

La telenovela Escobar, el patrón del mal fue furor en el verano argentino de 2014. En horario central, el enlatado se atrevió a competir con las principales tiras preparadas para los meses de parate de las estrellas locales. La serie colombiana contaba la vida del famoso narcotraficante. Otra realidad, otras palabras, otro clima. Pero la historia parecía funcionar como preámbulo de los confliictos que asolaban a la Argentina.

En paralelo a la trama, durante el verano los noticieros, diarios, y radios contaron alarmados las cifras del ascenso de la producción, comercialización y consumo de drogas en nuestro país. La tan temida latinoamericanización parecía estar desembarcando en territorio argentino. El caos había llegado. Parecían necesarias matrices como la colombiana para explicar, para contar, para entender los motivos, la amenaza y los modos de enfrentarla. Aunque a la vez mirar el caos ajeno aliviaba, por ahora tan mal no estábamos.

Los titulares de los matutinos anunciaban un año de caos.

La devaluación de la moneda parecía dar cuenta de un nuevo principio del fin. “Lo mejor que puede hacer Cristina es irse”, defininió el ex diputado riojano Jorge Yoma.

Inflación, crisis económica, narcotráfico, inseguridad. 2014 no era un año electoral, pero desde distintas voces se volvía a prenunciar el cierre del ciclo kirchnerista. Las discusiones dentro del campo mediático y el político alrededor de la inseguridad y las maneras de intervenir sobre ella siguieron el curso que desde hacía algunos años imprimía la discusión en épocas de campañas.

En este marco, el delito se  en una cuestión estratégica fundamental para el campo político contemporáneo. La metáfora de la guerra y la desconfianza revela un modo de gobierno del delito que goza de muy buena aceptación entre parte del electorado,así como de candidatos y representantes.Oficialistas y opositores se reposicionan en los escenarios de riesgo. En muchos casos lo hacen desde un lenguaje de peligro compartido.

La política mueve sus piezas en el tablero del miedo. La política se repiensa desde el temor, interpela a ciudadanos-víctima y se vuelve a ensimismar en su límite constitutivo. Las redes sociales rebosan de propuestas sobre seguridad. Las próximas páginas revisan los escenarios de caos y las intervenciones del campo político a partir de las configuraciones discursivas que recorrieron los medios durante los primeros meses de 2014.

Zaffaroni lideró a un grupo multipartidario.

Cristina Fernández alza con sus manos el libro negro, lo pone de frente y sonríe. La cámara fotográfica capta la escena. Ella alegre, de blanco, haciendo juego con las 3 señores del centro de la mesa de reunión. A su derecha, el rostro de Eugenio Zaffaroni también revela satisfacción. A la izquierda de la Presidenta, la instantánea estampa a Ricardo Gil Lavedra, luego a María Elena Barbagelata, frente a ella a León Arslanián.

Solo, más cerca de la cámara, el sexto integrante de la reunión, Federico Pinedo, es el único con los brazos cruzados sobre una mesa del despacho presidencial. La reunión era cerrada, pero alguien más los observaba. Por detrás del grupo, en el silencio de una mesita, el portarretratos con la foto de Axel Blumberg se cuela por sobre el hombro izquierdo del ministro de la Corte Suprema. Diez años después, allí sigue,de allí nunca se fue.

El jueves 13 de febrero de 2014 los integrantes de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación le entregaban en mano a la Presidenta el trabajo de casi dos años de reuniones semanales realizadas en el salón de té de la Corte Suprema de Justicia. El grupo se congregó por una convocatoria del gobierno nacional a través del decreto 678 firmado el 7 de mayo de 2012.

Luego del fallecimiento de Néstor Kirchner y de la elección presidencial de octubre de 2011, en la que Cristina Fernández obtuvo más del 54 por ciento de los votos,había llegado el tiempo de plantar banderas de diálogo y unanimidades, incluso en las materias más complejas. “Que los antecedentes históricos y las circunstancias de actualidad […] han llevado en los últimos tiempos a la conformación de un criterio generalizado y prácticamente unánime, en orden a la necesidad de una reformulación integral y totalizadora de la ley penal”, establecía el decreto. La necesidad de un cambio se plasmó en la pluralidad de posiciones políticas.

La Comisión se formó con expertos y miembros de cada una de las fuerzas políticas mayoritarias. Durante una entrevista Federico Pinedo recuerda: “El profesor Zaffaroni propuso a Cristina Fernández que se forme una comisión multipartidaria para que el Código esta vez saliera”. Presidida por Zaffaroni en tanto juez de la Corte Suprema y experto en derecho penal, se sumaron integrantes de las cuatro fuerzas con mayor representación parlamentaria: el ex ministro de Justicia Arslanián con mandato del Frente para la Victoria, el ex ministro y ex diputado Gil Lavedra autorizado por el radicalismo, la ex diputada Barbagelata nombrada por el Frente Amplio Progresista, y el diputado Pinedo delegado por el PRO. La convocatoria fue aplaudida por propios y ajenos como un llamado al consenso.

Se buscaba no repetir el fracaso del trabajo de dos años de la comisión formada en 2004 que había presentado un anteproyecto de Código en 2006 nunca tratado por el Parlamento. Algunos errores de aquella experiencia fueron destacados desde el momento mismo del llamado presidencial.

Especialmente se había establecido que la nueva comisión no abordaría la discusión sobre el aborto. “Fue así expresado al comenzar el trabajo por Zaffaroni, y acordado por todos. Era un obstáculo en todos los antecedentes de discusiones anteriores. Según él, en 2006 fue al cajón por ese tema”, recuerda la ex diputada María Elena Barbagelata.

El grado de conformidad durante las discusiones fue elevado, se discutió punto por punto el Código dos veces. La dinámica era de constante diálogo, primero se discutía, después Zaffaroni proponía un texto y luego la comisión trabajaba sobre él. Cuando no había consenso, se imprimía en el proyecto las disidencias, que fueron pocas. Una de ellas fue realizada por Barbagelata a raíz de la introducción de tipos penales alrededor de la cuestión del aborto, y las otras definidas por Federico Pinedo en torno de la figura de la reincidencia y el límite de la prisión a los 30 años. “El titular de un diario te mata con esto”, aseguran los presentes que planteó el representante del PRO. Fueron, de hecho, dos temas clave que luego serían retomados mediáticamente.

Massa salió a criticar el proyecto.

El trabajo de la comisión fue técnico, asumían que la estrategia comunicacional debía pasar por otros espacios de definición. “Eso era algo que tenía que trabajar el Ministerio de Justicia”, plantea Barbagelata. “Esto no quiere decir que no hubiera ninguna especulación sobre el impacto mediático del proyecto”, hace memoria Gil Lavedra, y amplía: “Se tuvieron en cuenta las cuestiones generales. No era absolutamente imprevisible que el tema luego se orientase en una campaña de ley y orden”.

En los planes originales de la Comisión, el proyecto se iba a presentar a fines de 2013. Se daría a conocer y se ampliaría la discusión a otros espacios. Para hacerlo debía estar firmado y entregado a la Presidenta. Entre otras actividades de discusión pública del proyecto, en las reuniones se planteó la posibilidad de realizar foros similares a los desarrollados en el marco del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o del anteproyecto de reforma del Código Civil.

Incluso se preveía un gran acto de presentación en la Casa Rosada para noviembre de 2013. Pero Cristina Fernándezfue operada de urgencia. La agenda presidencial se frenó y el evento se canceló. El trabajo, que se había mantenido encriptado durante casi dos años, comenzó a circular informalmente en una versión preliminar. La Comisión dejó de reunirse en diciembre. Recién el 13 de febrero de 2014 CFK recibió a sus miembros, junto con el ministro Julio Alak y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, en una reunión protocolar en Casa Rosada, similar a la que habían tenido en el momento de comenzar su trabajo. Allí los funcionarios del Poder Ejecutivo dijeron que el proyecto pasaría a una etapa de estudio en la que se evaluaría la propuesta, y que luego sería sometido a consulta de expertos y asociaciones. La definición de hacer público el anteproyecto no llegó desde el Poder Ejecutivo.

“Hubo un déficit comunicacional claro y nosotros tuvimos que tomar esto. Debió haber sido puesto en comunicación inmediatamente. Yo lo puse en mi Facebook el 13 de febrero y colgué el análisis preliminar que fui haciendo”, cuenta Barbagelata.

El mismo día de su presentación, el anteproyecto se hizo público, sin serlo a través de las redes sociales.

No obstante, hasta ese momento la presentación pasó —para el público en general— casi inadvertida. Hubo que esperar quince días hasta que se coló al pasar en el discurso presidencial de apertura de sesiones del Congreso de la Nación,el 1° de marzo de 2014. Esa misma jornada, el flamante diputado y ex intendente de Tigre, Sergio Massa, subrayó la presentación en la discusión a través de Twitter: “No debemos pasar por alto la reforma del #CódigoPenal. Violadores, narcos y asesinos verán reducidas sus penas. Como otros 146 delitos”. Y continuó con una propuesta que tomaría forma con el correr de las horas: “A partir del próximo sábado vamos a juntar cinco millones de firmas para impedir la reforma del #CódigoPenal que beneficia a los delincuentes”.

Al día siguiente, Massa colocó una foto en su cuenta, trabajando un domingo de carnaval: en la escena se lo ve de pie, activo en el centro de monitoreo del Municipio de Tigre con una pantalla de fondo que anclaba la discusión en las propuestas concretas contra la inseguridad y el Código.

“Analizando el anteproyecto del nuevo #CódigoPenal junto a equipos técnicos y legisladores del @frenterenovador”. Trabajo, movimiento, propuestas. Iniciada la semana hábil, el tema se convirtió en el eje de la discusión política nacional. Algunos días después el Frente Renovador, espacio político creado en 2013 con el que Massa había triunfado en la elección bonaerense y alcanzado su cargo de legislador, anunció la apertura de la página web y convocó: “Dejá tu firma ahora en http://www.noalnuevocodigopenal.org y decile #NoAlNuevoCodigoPenal por tu seguridad y tu libertad. ¡Tu firma vale!”. Gil Lavedra reflexiona sobre este punto: “La seguridad es una herida abierta en donde se puede meter muy fácil el dedo”. El diputado del Frente Renovador encontraba la llaga. “Él planteó una posición electoral que era la misma de Blumberg”, analiza, luego de un tiempo, Pinedo.

Los contenidos mediáticos se disponen a la par del vínculo entre política y medios de comunicación. La escasa estrategia de parte del Poder Ejecutivo Nacional contrastó con la velocidad mediática del diputado por el Frente Renovador.

Massa aprovechó el momento y difundió las críticas centrales de la disputa en torno del Código Penal a través de las redes sociales y de la página de internet, noalnuevocodigopenal, claramente hecha con mucha prisa. La estética desordenada y la simpleza en los contenidos del portal son poco importantes si se tiene en cuenta que funcionó como una herramienta comunicacional central. Desde allí —como dijimos— se llamó a juntar firmas. En la parte superior, un contador amarillo mostraba los rechazos a la propuesta. “Tu firma suma”. Desde la comodidad de la notebook, tablet o celular, desde la página web, Facebook o correo electrónico, el #NoAlNuevoCodigoPenal pudo hacerse oír. Los petitorios de 2004 que circulaban por los kioscos de diarios o espacios públicos pasaron a la historia. La lapicera fue reemplazada por un clic. Al apretar el botón de la firma, el contador que está sobre la pantalla se mueve y suma un número. Al hacerlo nos transformamos en testigos de nuestro propio acto. El hastío se convirtió en acción, el contador lo verifica. Somos. Estamos “haciendo algo”.

El spot de dos minutos y treinta y siete segundos que articula los contenidos de la página recalca el alerta social desde sus colores. El gris, el rojo y el negro acompañan el dramatismo en la voz del locutor y la música detrás de sus palabras. “El gobierno está decidido a avanzar con el nuevo Código Penal y queremos que estés informado, que sepas y conozcas lo que quieren hacer”. Un dedo índice apunta y se mueve hacia el margen derecho, la mano recuerda la fuerza de cada uno de los índices de los espectadores. “Si esto llega a prosperar una vez más los que ganen en la Argentina van a ser los delincuentes”. El dedo apunta a los culpables: funcionarios, legisladores, delincuentes. “Vamos en busca de cinco millones de firmas para frenar esta locura que es este Código Penal que servicia a los delincuentes y perjudica al ciudadano de a pie”. La dicotomía no está trazada entre ciudadanos y criminales. Un ciudadano de a pie no es el funcionario, no es el juez ni el fiscal, tampoco el legislador.

El candidato escucha a la calle y se muestra en múltiples imágenes rodeado de personas, prestando atención, conversando. El “nuevo código sería un premio”, según la información de la página, para: narcotraficantes, asesinos, violadores, contrabandistas, secuestradores, torturadores, abusadores de menores, delincuentes con guante blanco, extorsionadores y “los que se dedican a la trata”. El caos se imprimiría en la norma. Si la ley no es justa, la justicia debe ser la del dedo acusador del ciudadano de a pie. Justicia por mano propia.

Si bien la estética de la página permite inferir la velocidad de su armado, el punteo de críticas sintetiza los ejes conflictivos del anteproyecto. “Lo que te vamos a mostrar no son interpretaciones, ni suposiciones, ni fundamentos falsos. Son simplemente datos reales extraídos del anteproyecto del nuevo Código Penal”. El valor de la información se acentúa sobre datos generados sin un claro rigor estadístico. “Robar una o cien veces sería lo mismo”; “Los delincuentes podrían cumplir condena en su casa en el 86 por ciento de los delitos”; “17.000 delincuentes que hoy están presos podrían salir a la calle”; “El 82 por ciento de los delitos sería excarcelable”; “Bajarían las penas de 146 delitos”.

Algunas versiones presentaban como hipótesis que el modo de rescatar con tanta premura estos elementos fue gracias a un cuadro comparativo entre el Código vigente y el anteproyecto realizado por miembros y asesores de la Comisión. Los asesores del Frente Renovador habían llegado al núcleo del conflicto gracias a una circulación informal de datos generados para el trabajo de la propia Comisión. La traducción de la información fue central, la crítica contundente, nada de lo que se planteaba era mentira, aunque sí ocultaba la complejidad.

“Fue mucha la similitud con 2004”, asegura Barbagelata. Y recuerda: “Durante esos días me vino a la mente cuando Ruckauf, en el recinto, puso las balas arriba del pupitre. El debate por el Código fue muy similar. Otra vez el mismo discurso, aumento de penas, enunciados violentos y facilistas”.

En 2014 se volvió a exhibir el peligro. La puerta giratoria, candados que se abren, calles atestadas de delincuentes, peligro y caos. Los discursos que critican el anteproyecto refuerzan imágenes. Los candados se abren para los delincuentes, los ciudadanos de a pie se esconden tras las rejas. El reino del revés. “Lo que debería marcarse en el caso del anteproyecto, es que el concepto de mano blanda no puede ser aplicado a la forma en que se estructura el funcionamiento del sistema de punición”, reflexiona Federico Pinero en un documento enviado a sus compañeros de bancada durante aquellos días.

Y agrega: “En el anteproyecto el sistema de aplicación de las penas es más duro que en el Código vigente”.

Descontracturado, con una campera oscura o bien con un traje negro ceñido al cuerpo y una angosta corbata a la moda que lo prepara para las grandes batallas presidenciales, Sergio Massa transita los sets televisivos como un experto en medios. No es menor la cercanía del candidato con algunos directivos mediáticos. Más allá de sus contactos, es hábil en el mano a mano con el periodismo, especialmente el no político.

Desde ese territorio en el que se discuten los problemas y diversiones “de la gente común”, propone su agenda de discusión pública.

Los contenidos mediáticos cambiaron al ritmo de la expansión de los programas de información general y los formatos de discusión sobre la vida de famosos. La política se introdujo en horarios y audiencias que no acostumbran a acercarse a debates de actualidad. Si bien una de las precursoras fue Moria Casán en su “A la cama con Moria” emitido en la década del noventa a la medianoche, la segunda década del nuevo siglo recuperó con mayor plenitud las entrevistas del periodismo no político a representantes partidarios.

Asoma un novedoso modo de articulación entre el campo político y el mediático a partir de la participación repetida de referentes partidarios en magazines. Los sets de discusión política dejan de ser serios y acartonados. Los decorados incorporan colores, imágenes veloces. Los conductores y panelistas son jóvenes y desinteresados por la expertise. Le hablan a la mujer y al hombre preocupados que, ya cansados de su día, se sientan en el sillón del living y deciden entretenerse, sin por ello dejar de informarse. Allí se debate de las “cosas que le importa a la gente”. El conductor de Intratables (América), Santiago del Moro, le pregunta a Massa: “¿Estás haciendo política vos, Sergio, con esto?” Él contesta: “No, Nosotros lo que planteamos es lo que pensamos, no es bandería política”.

En pleno debate por la reforma del Código, Massa intervieneen la discusión en los espacios en los que se sientecómodo. “Inseguridad: la violencia que no para”, recuerda el videograph de Intratables. Los panelistas debaten. Sus planteos están cargados de dramatismo, la música y los titulares periodísticos en la pantalla gigante de la escenografía acompañan la tensión. Durante su visita, Massa aparece repentinamente, como si interviniera la escena. “Lo primero que hay que decir a la gente es que las políticas de seguridad dependen del presupuesto, de logística”. “Inseguridad. Habla Sergio Massa”, cambia el videograph. Conversa sobre seguridad como un experto, aún cuando parece haber sido tomado desprevenido, recién llegado, como indica la campera todavía puesta. Sin embargo, se sienta y cuenta qué se debe hacer. Recuerda la experiencia de Tigre. “Cuantas más cámaras de seguridad tenés con monitoreo las 24 horas […] cuando tenés sistema de botón de pánico domiciliario y en el smartphone…”. El diputado enumera los cambios realizados en Tigre, al tiempo que propone que se extienda una experiencia que define eficaz.

Pocos días después visita Animales sueltos, el programa de la medianoche también de América y mantiene una charla “entre amigos” con su conductor, Alejandro Fantino. El periodista sabe que “Sergio”, como le dice, hace buenos asados.

El candidato es un buen asador y se lo demuestra en su propia casa a los conductores, periodistas y directivos. Desde la empatía con el conductor, asume un tono pedagógico, práctico.

“Ale, hay dos o tres cosas para tener en cuenta”, le dice a Fantino de manera genérica, sin especificar cuáles. Siempre cerca de los periodistas y del público, explica, argumenta, propone. “Vos tenés que mirar las cuestiones por densidad demográfica… para que vos te des una idea… datos, bajó el 90 por ciento del robo automotor”, afirma en Intratables. Se sienta en el set, muestra su conocimiento en temas de seguridad y se cruza con cualquier panelista que no esté dispuesto a compartir esta preocupación.

Cuando la seguridad impregna la agenda periodística, la tendencia indica que el campo político ingresa en un proceso reactivo. Gana el que juega la primera carta y genera un guiño discursivo a las mayorías silenciosas preocupadas por la violencia. “En la discusión mediática es difícil plantear temas con profundidad, pero entre nosotros es importante que analicemos las cosas con otro detalle para aclarar nuestros sentimientos y posiciones”, reflexionaba Federico Pinedo en un documento dirigido a sus compañeros del PRO titulado “Las no verdades penales”. El texto explica en detalle por qué es necesario modicar el Código y las “falsedades” del planteo massista. “Esto no es para que defendamos el anteproyecto, sino para que lo sepamos. La posición ofcial del PRO es que no se puede tratar este Código y que si se trata así votaremos en contra”, recalcaba Pinedo al tiempo que les brindaba a sus pares de bloque “un aporte para que analicen el tema de fondo en materia penal, que es un tema complejo”. Del mismo modo que en las movilizaciones de 2004 y en 2006, cuando se frenó la discusión del Anteproyecto de Código Penal, las distintas fuerzas políticas se quedaron impávidas ante la puesta en agenda pública de una reforma normativa.

Frente a la adversidad discursiva, Mauricio Macri anunció en una conferencia de prensa que tenía “profundas diferencias con el Código” y que debía discutirse “sin demagogias, sin populismos, sin oportunismos y fuera de un contexto electoral”.

“Que quede claro —se posiciona— que este Código no lo íbamos a votar”. El senador radical Gerardo Morales se encargó de recordar ante los micrófonos que el correligionario Gil Lavedra había ido “por su cuenta” en carácter de experto, no como una definición de la Unión Cívica Radical.

“Lo que hemos dicho orgánica y oficialmente es que no es momento de tratarlo”. El socialismo, en manos de Hermes Binner, también se corrió de la disputa.

Poco valieron los argumentos modernizadores y racionalizadores de una reforma de un código sancionado hacía más de un siglo y retocado centenas de veces hasta quedar incoherente. El peligro y el desorden siempre son más fuertes.

El registro periodístico instaura la figura del caos. “Zonas liberadas: violencia descontrolada”, titula el videograph de Intratables. La latinoamericanización de la seguridad repercute en los colores con que se pinta la escena. Rojos, negros, grises. El verde de la selva colombiana se transmuta en el gris de los barrios pobres de las grandes ciudades argentinas.

Hasta hace algunos años la inseguridad se relacionaba fácilmente a la pobreza. El joven y el pobre son los acusados de los males. Sin que ello desaparezca, desde hace un tiempo la asociación de crisis, de guerra y ocaso tiñe el significado de la violencia urbana. En el siglo diecinueve, la Argentina miraba su futuro del otro lado del Atlántico. Europa era el modelo a seguir. Hoy el horizonte no es de esperanza sino de miedo. Para saber lo que viene habría que posar la mirada en el norte latinoamericano. “Este Código es para un país como Suecia, es decir para un país que puede rehabilitar al delincuente”, explica Martín Redrado, otro representante del Frente Renovador durante los días de la discusión por la presentación del anteproyecto de reforma. El umbral de la inseguridad se había traspasado hace tiempo. El Código en discusión parece llevar ese límite ya eliminado a un lugar insondable.

Aunque en la pampa no haya selva, la nueva norma establecería la ley del más fuerte y violento. Redrado declara: “Imaginate vos que un violador serial termina violando a tu hija. Y al día siguiente está libre”. Si estamos mal, podemos estar peor.

En estos escenarios, las salidas se bifurcan en senderos que no por distintos dejan de acercarse. En el laberinto de la seguridad, los mensajes ante la crisis asumen formas inicialmente divergentes: el mensaje normativo, el tecnofílico, y el emergencista. Las respuestas normativas son las que revisamos a lo largo de la crisis de 2004, más penas, más castigo, más seguridad. Pero también, en un margen opuesto, es la búsqueda en torno de la reforma del Código Penal: más racionalidad normativa, menos riesgos, más seguridad. La norma sería una herramienta central en la disputa contra la violencia. Por su parte, los mensajes de emergencia recuerdan a la población que, ante la crisis, el Estado está presente. Las intervenciones de los legisladores en 2004 siguieron ese criterio, también lo hace el decreto que declara la emergencia en abril de 2014 en la provincia de Buenos Aires.

Ahora bien, en la discusión en torno del Código Penal de 2014 se vislumbra una tercera clase de respuesta del campo político: la tecnofilia de la seguridad. En ella, las intervenciones se diseñan desde la esperanza ciega en la efectividad de los dispositivos tecnológicos. Los mensajes tecnofílicos recuperan un discurso para el cual es preciso centrarse en la intervención que cada individuo por sí mismo pueda hacer frente a la violencia, se espera que cada uno sea el encargado de evitar los riesgos negativos de la vida en la urbe. Por tanto, los sujetos pasan a ser sus propios gestores del peligro.

En el autogobierno del riesgo, el Estado podrá ayudar, pero las herramientas deben estar a la mano de los ciudadanos, la responsabilidad, en última instancia, es de ellos. De allí que la discusión por las penas queda descentrada. Sergio Massa ejemplifica esta estrategia en Almorzando con Mirtha Legrand (Canal 13) “Cuando uno habla de seguridad habla de las penas, pero antes de hablar de eso hay que hablar de la logística de la prevención”.

La prevención, a su vez, está definida a partir de estrategias situacionales y ambientales que intervienen sobre los espacios públicos con el fin de evitar posibles delitos. Hasta hace algunos años estas estrategias estaban resueltas a partir de la colocación de rejas, luminarias públicas y la poda de árboles. Desde hace algún tiempo, el mensaje del campo político apunta con más fuerza al discurso de la “efectividad” en la prevención mediante dispositivos tecnológicos.

“La inversión tiene que estar enfocada en cámaras, en móviles, en tecnología”. La zonificación de las imágenes, la sensación de captar el momento del hecho, la posibilidad de estar ya no vigilados sino cuidados en todas partes, parece funcionar como uno de los mensajes más e/ caces en materia de seguridad.

El diputado tuitea en esos días: “Es importante que todos pongamos esfuerzo, inversión y tecnología en la lucha contra la inseguridad”. Las imágenes de tablets, pantallas táctiles del tamaño de una pared, gráficos multicolores, gente mirando los dispositivos tecnológicos inundan su Twitter.

“Para unificar los despachos de emergencias, tenemos el objetivo de poner en marcha el sistema de desarrollo tecnológico”, recalca. La tecnología y el ciudadano de a pie: “Avanzamos en el intercambio de tecnologías de cámaras, móviles, botón de pánico para celulares y teléfonos de línea de cada hogar”. El Municipio de Tigre funciona en estos discursos como el ejemplo de la practicidad y eficacia de los nuevos dispositivos. Hay que hacer “como nosotros humildemente hicimos en un distrito chiquito”. En el mediodía de un domingo de marzo, Massa muestra un celular en la mesa de Mirtha, “como el de cualquier vecino” asegura mientras busca enfocar en la cámara correcta un smartphone de última generación. Con un tono pedagógico enseña al espectador la forma de conectarse a un botón anti-pánico desde el teléfono. “Cualquier ciudadano, desde su celular, está conectado con el centro de monitoreo”, explica. Las leyes podrán intervenir en el terreno de lo moderno, alcanzar racionalidad, coherencia, pero en los territorios de caos es preciso explorar herramientas líquidas; la posmodernidad de la criminología tecnofílica enfoca su mensaje en la preocupación de los márgenes de acción del individuo y de su zona de influuencia. La norma integra. La ley es social, la tecnofilia de la seguridad es comunitaria. De lo general a lo particular. Los dispositivos tecnológicos localizan la intervención.

Darío Giustozzi, diputado por entonces del Frente Renovador, asegura en Palabras+, Palabras- (TN), el programa semanal conducido por Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda: “Si hacés una encuesta entre los delincuentes sobre qué pena prefieren, si la del viejo código o la del nuevo código, no te quepa duda de que van a elegir el nuevo”. El criminal sería un individuo calculador que actúa o deja de hacerlo según sus conveniencias legales y espaciales. El diputado sigue su razonamiento: “Si la hacés entre los familiares de las víctimas […] claramente van a elegir el viejo”. Discursos simplistas, tecnologías complejas. La señal debe ser contundente, firme y clara, de modo tal que “aquel que vaya a empuñar un arma antes de animarse a poner el dedo en el gatillo y quitarle la vida al otro con cierta facilidad, lo va a pensar si en el Código hay una pena contundente y firme y un poder judicial encolumnado detrás de esa decisión”.

Cuando el escenario es de crisis, “el tema no es jurídico, sino qué mensaje le damos los que tenemos hoy una responsabilidad a la sociedad […] El mensaje es que da todo lo mismo. En este momento lo que tenemos que tener es un mensaje muy firme de que queremos construir una sociedad en la que haya premios y castigos”, dice. El precio del castigo está dado por el acto. A más costo, menor posibilidades de adquisición. La firmeza repercute en la voz de Massa cuando interviene en este punto. El precandidato presidencial asegura: “Con este código el 80 por ciento de los condenados va a pedir revisión”. Lo afirma en Intratables, la producción sube la música. Él levanta e imposta la voz. Los panelistas se revuelven. El tema lo sigue convocando a todos los programas: “Que vengan y expliquen por qué da lo mismo violar una y diez veces […] Cuando vos pasás un semáforo una vez te hacen una multa, cuando pasás dos te bajan puntos”, ejemplifica en Animales sueltos. Una norma clara sería aquella que insiste sobre los razonamientos matemáticos de sujetos que actúan racionalmente. El ciudadano preocupado por los puntos es asimilado al criminal intranquilo por el Código Penal.

Ahora, si no son sujetos capaces de habitar los territorios de la matemática, no son parte de este lado del margen social. Es decir, vivir en comunidad implicaría un tipo de lógica por la cual la razón y el cálculo se imprimen en los actos. De no pensar y actuar de tal manera los individuos quedarían fuera del pacto social.

En la comunidad imaginada a la que apunta la tecnofilia de la seguridad “la gente es la que sabe”. La teoría de los juristas, la burbuja de los funcionarios está lejos del mapa geolocalizable de los vecinos. Massa recuerda que “una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Una cosa es lo que se vive entre cuatro paredes y otra es la que vive el carnicero… el que sale a las cinco de la mañana a laburar y sabe dónde venden droga. ¿Y sabés qué dice? —le pregunta a Fantino—, que estos tipos están sacando a los que venden droga. Lo que hay que pensar es cuál es el mensaje”.

El mensaje debe ser claro para las potenciales víctimas y contundente para los delincuentes. Las víctimas, reales o potenciales, deben “empoderarse”, ser partícipes de su entorno y de las discusiones sociales. “Nosotros logramos lo más importante que es generar conciencia en la gente. Logramos que en miles de hogares se esté discutiendo de esto”, sostiene Massa.

La conciencia cobra cuerpo en palabras: “Una señora en la calle me para esos días y me dice: ‘¡Por favor doctor, no aprueben la nueva constitución! ¡Van a salir todos los delincuentes!’”, recuerda con una sonrisa Gil Lavedra. Federico Pinedo también es tomado por sorpresa: “¡Vos sos un criminal de guerra!”, cuenta que le gritaron por la calle.

Los ciudadanos de a pie deben interpelar a los que hacen las cosas a sus espaldas. “Algunos eligen construir las políticas públicas encerrados entre cuatro paredes, nosotros elegimos construirlas de cara a la gente”, asegura Giustozzi en A dos voces, programa semanal del canal de noticias TN.

Los miembros del Frente Renovador se posicionan como quienes develan un secreto compartido por expertos y funcionarios a espaldas de la ciudadanía. El proyecto de Código está en la página que recolecta firmas contra la nueva norma, allí se devela la verdad. Massa tuitea: “Algunos se encierran en las universidades, nosotros salimos a la calle a hablar con la gente”. Las fotografías lo muestran rodeado de personas, preocupado, en la calle, con banners especialmente encargados para la ocasión. Bajo sombrillas negras, rojas y amarillas. El logo de +A junto con el eslogan agrupado en el hashtag #NoAlNuevoCodigoPenal. En las redes sociales se multiplican las instantáneas de grupos juntando firmas en puntos de todo el país. Una campaña federal que esta vez no esconde su tinte político. “Massa es el Blumberg revivido, pero a diferencia de él tiene una clara búsqueda electoral”, analiza Gil Lavedra. La dimensión política de la seguridad en 2014 no tiene necesidad de guardar silencio. Con claridad hay una búsqueda que Blumberg en tanto víctima no pudo motorizar. El campo político decide arremeter sobre el discurso de la seguridad urbana sin temor. Y sin pudor.

“En lugar de atacarme a mí —embiste Massa en A dos voces—, que le expliquen a la gente el Código”. Una vez más, víctimas de la delincuencia y de la política. “Lo que algunos pretenden es que llegue al parlamento y ahí poner a la mayoría. Vótenlo, pero sepan que se van a comer el repudio de todos los millones que / rmen”. La campaña comienza desde los estudios de televisión y las redes sociales. “La discusión del Código no creemos que sea un tema de teóricos, sino que es un tema que involucra a toda la sociedad”, recalca en su cuenta de Twitter. En la tribuna televisiva, acompañada de las redes sociales, se desenvuelve la política contemporánea.

Al igual que en 2004, se recurre a la firma ciudadana. Esta vez no como un modo de presentar proyectos, leyes, sino de frenarlos. De la búsqueda de discusión parlamentaria, del mensaje de urgencia de seguridad en 2004 al intento de silenciamiento de la disputa hoy.

O la gente o ellos. “Es muy importante que la gente participe”. El rol de los funcionarios y representantes sería entender el sentido común colectivo. “Los que gobernamos tenemos que tratar de expresar con sentido común y responsabilidad la demanda colectiva”, sostiene Massa. El imperativo categórico sigue siendo para estos discursos el de la víctima. “A las Madres del Dolor, a las Madres del Paco, a AVIVI [Asociación de Víctimas de Violaciones], a Julia Urbani, no les importa tal o cual sino vivir en una sociedad de premios y castigos y no en una impunidad”. Las víctimas conocen, la realidad es la que marca el sufrimiento. “Que le pregunten a una mamá cuya hija fue violada. El Papa dice que la idea nunca debe ir desatada de la realidad”, asegura el candidato citando y acercándose a Francisco —Jorge Bergoglio— el flamante y primer Pontífice argentino elegido para el puesto en 2013.

Algunos medios de comunicación repiten incansablemente durante los días de la (no) discusión del Código las negativas de víctimas a avanzar sobre un proyecto hecho “a espaldas de la gente”. Susana Trimarco, madre de la desaparecida Marita

Verón, realiza declaraciones radiales y luego es tomada por todos los medios. “Es una vergüenza, no es lo que la gente está necesitando. Necesitamos justicia y seguridad”.

Las Madres del Dolor se fotografían junto a Massa; Julia Urbani, madre de Santiago, un muchacho asesinado en 2009 durante un asalto en el Municipio de Tigre, tuitea: “Si aman la vida, por los que ya no la tenemos, les pido por favor!!! !!!!#NoAlNuevoCodigoPenal”. A Carolina Píparo también la hicieron intervenir en el debate: “Si el delincuente es una víctima, ¿yo qué soy? ¿Isidro, qué es?”. La vida se contrapone con una norma de muerte, de los otros.

La comunidad imaginada está recortada en algunos sujetos. Víctimas o potenciales víctimas. La comunidad ideal requiere identificar a los individuos que la representan, los sectores que se consideran legítimos no emergen de forma espontánea. No cualquiera forma parte de los márgenes internos, el recorte de quién es parte y quién no, es una construcción socialmente determinada. Estos márgenes delimitan quiénes pueden intervenir públicamente y quiénes no pueden hacerlo. Los estudios de opinión pública realizados para la ocasión recuerdan los trazos que definen los territorios del nosotros. En A dos voces la encuesta a los espectadores tiene el efecto de cerrar el debate: “¿Tiene que haber cambios o no en el Código Penal?”. Como un modo de volver a recalcar qué sujetos componen la comunidad del nosotros, avanzan sobre las respuestas recolectadas vía Twitter: “#sicambios: 35%, #nocambios: 65%. El “debate nacional” en torno al “nuevo código” queda cerrado por la de/ nición negativa de los tecnofílicos que intervienen en la arena de las redes sociales.

Ante la adversidad, el 21 de abril de 2014 el Ministerio de Justicia envió el proyecto para su discusión a universidades, organismos públicos y privados, incluso a la opositora Asociación de Magistrados. Ante la inclemencia electoral de 2015 será complejo su tratamiento.

Entre mayo de 2012 y marzo de 2014 cambiaron los tiempos políticos, mediáticos y sociales. La experiencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, presidido por Nilda Garré, no fue lo que se había previsto. La agenda política y mediática de la violencia urbana había vuelto de la mano de la elección a diputado de la Nación de Sergio Massa, un candidato que había asomado como la confluencia de distintas fuerzas y miradas para enfrentar al kirchnerismo en 2015. La discusión del Código obligó a la oposición a reacomodarse tras la bandera de debate plantada por una figura política que permanecía tras bambalinas algunos años antes.

Cuando el debate por la reforma del Código empezaba a entibiarse, se instaló la cadena noticiosa acerca de la inacción del Estado, la falta de efectividad de sus políticas, la pertinencia de la acción directa de los ciudadanos hastiados sobre los agresores. “A los que se espantan x #Linchamientos ante el hartazgo de ineptos dile #NoAlNuevoCodigoPenal http://noalnuevocodigopenal.org/”. La imagen que se instalaba parecía recuperar la idea de un mensaje a la sociedad mal dado de parte de los reformadores. Ante un Estado que buscaría aminorar las penas, el ciudadano-víctima se vuelve justiciero de sí y de otros.

“Asaltó a una joven, vecinos le pegaron y quedó en grave estado”. La publicación inicial fue en La Capital de Rosario el 24 de marzo. La noticia de la golpiza de vecinos rosarinos que terminó en el asesinato de David Moreira, luego de haber arrebatado una cartera, se nacionalizó. El domingo 31, las redes sociales explotaron ante la crónica de una golpiza a un arrebatador en el barrio de Palermo. “#CrónicaDeUnLinchamiento” del periodista Diego Grillo Trubba se viralizó en pocas horas y se transformó de una serie de tuits en una noticia que inundó los análisis de los periódicos. “Cada vez que el pibe daba signos de que recuperaba la conciencia, alguien salía de la multitud y le pateaba la cara”, contaba Grillo Trubba. La indignación mezclada con la incredulidad ante la violencia extrañamente desatada.

La puesta en agenda de los golpes a arrebatadores se explicó en clave de contagio. Si la sociedad está enferma y sus defensas están bajas, un virus más puede acechar su cuerpo maltratado: la “justicia por mano propia”. “La violencia es contagiosa, es un virus que puede terminar en epidemia”, recordaba Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín, el lunes 1° de abril. Ante la supuesta inacción estatal, el virus se convierte en epidemia. El mismo día que se cumplían diez años de la marcha que había convocado a 300 mil personas por el asesinato de Axel Blumberg, el asesinato de Moreira se expandió en los titulares de los matutinos nacionales. La noticia policial recurría a las redes sociales como generadoras de la primicia y del debate público. Un caso singular se unió a otros hechos con grados de violencia y, por momentos, características diferentes. El contagio llegó a Río Negro, La Rioja, Córdoba, entre otras provincias. “Próximamente guerra civil en las mejores salas de la Argentina”, se anunciaba desde Twitter. Los relatos de la beligerancia asomaron en todo su esplendor, con más potencia y prepotencia que en 2004. Los territorios de guerra suelen ser el ámbito propicio para narrar la violencia delictiva en Latinoamérica.

La explicación mediática de la inseguridad y los secuestros en 2004 a través de la categoría “colombianización” se reforzó en el último tiempo. “En los once años de kirchnerismo, el azote de la droga ha crecido exponencialmente hasta convertirse en una realidad cotidiana en todas las latitudes de nuestro suelo, adquiriendo en varias provincias características que nos recuerdan las pesadillas que sufrió Colombia y que hoy sufre México”, describe La Nación en su editorial del domingo 6 de abril de 2014. La violencia local se explica desde los procesos de otros territorios del continente.

“La peligrosa ley de la selva. Inseguridad, ausencia del Estado y justicia por mano propia”, rezaba el videograph de Telenoche el primer lunes de abril. Cuando desde las declaraciones del campo político y del mediático se anuncia la ausencia del Estado, la inexistencia de la justicia, la falta de leyes acordes a la situación, la anomia y el caos de la guerra son los modos de explicar la inseguridad. “El Estado se retiró de las calles cediéndoselas a los delincuentes”, diagnostica La Nación. A raíz del asesinato de su amigo Gustavo Lanzavecchia, Susana Giménez en 2009 ya lo había decretado: “El que mata tiene que morir”. Parecía que había llegado la hora. En agosto de 2014 el debate volvió a surgir a través de la participación televisiva del actor argentino Ivo Cutzarida, quien sería candidato a Jefe de Gobierno porteño en 2015. “El que a hierro mata, a hierro muere”. También desde la tribuna de Intratables Cutzarida reavivó la polémica sobre la pena de muerte con frases como “si puedo voltear al chorro lo volteo” o “si le pasa algo a mi hija, quiero muerto al tipo”.

Era la misma discusión respecto de la denominada en los medios “justicia por mano propia”, desatada en marzo. “¡¡Disfrutemos de este gran momento que estamos gozando del país de las maravillas!! ¡¡Había una vez que estas basuras terminaban dentro de una bolsa!! Y colorín colorado”, recitaba con alegría un comentarista de la edición digital de La Capital de Rosario luego del asesinato de Moreira. La discusión sobre la legítima defensa transitó en marzo por todos los noticieros de horario central, de manera similar a la que se produjo en 1990 cuando el ingeniero Aníbal Santos persiguió veinte cuadras a dos asaltantes que habían robado el pasacasette de su auto, los encerró y los mató de un tiro a cada uno. El ingeniero declaró que estaba “harto” de los robos ya que le habían sustraído decenas de estéreos de su Renault Fuego en los últimos años. Los medios lo llamaron “el justiciero”. La legitimidad del asesinato fue masiva y las calcomanías inundaron los parabrisas: “Tengo estéreo, pero soy ingeniero”.

En 2014, algunos editorialistas buscaron causas y explicaciones a lo inexplicable. “¿Cómo no comprenderlos y excusarlos, para huir de la hipocresía?”, se preguntaba Mariano Grondona en la columna dominical de La Nación. “Dar la vida por la patria —proseguía— equivale asimismo a quitar la vida por la patria. Morir por ella también puede implicar matar por ella”. El lenguaje bélico en toda su expresión: “No hay nada más temible y admirable, en tiempos de guerra, que un soldado valiente, así como nada hay más despreciable que un soldado cobarde”. El ciudadano amenazado “si va a salvar su vida, necesita hacerlo aun con riesgo de la vida de su agresor”. Las reglas de los campos de batalla proliferaron en las páginas de los matutinos. Quienes las escribían no parecían distanciarse del clima de violencia, más bien lo reforzaban. “Hombre soy […] y nada de lo humano me es ajeno…”, Grondona sobrevolaba con su pluma las palabras de Ovidio y aclaraba con las propias: “ni lo sublime, ni lo criminal”. De ciudadanos-víctima a soldados-héroes.

“El kirchnerismo propicia el Far West”, sentenció Jorge Fernández Díaz en La Nación. Por aquellos días el modo de construcción noticiosa de este periódico se definió a partir de un entramado discursivo por el cual la explicación de los casos que dominaron la agenda durante más de una semana se centró en el caos social. “En materia de seguridad, el cristinismo es hoy anarcoliberal; que cada uno se arregle como pueda”, aseguraba Fernández Díaz. La anarquía había llegado. Parecía ser hora de probar otras herramientas de intervención.

La delincuencia seguía siendo un enemigo unificador tal como lo indicaba Grondona desde su programa televisivo en 2004. Los protagonistas del periodismo político fueron cambiando a lo largo de estos años. En 2014 Grondona ocupaba un espacio marginal en el debate mediático televisivo. Los protagonistas de los sets televisivos son otros. En materia política, los debates se descentran a programas de interés general. Pero no por ello dejan de existir los periodistas políticos de opinión multiplataformas. Uno de los más fuertes es Jorge Lanata quien escribió en Clarín el 5 de abril: “El gobierno y sus intelectuales orgánicos parecen señoras tomando el té en el Líbano, entre las bombas: se niegan a aceptar lo que ven y acusan a los medios de la proliferación de linchamientos”. Las bombas, la Argentina y el Líbano. La violencia social sería para esta cadena producto del discurso de reivindicación de las políticas contra el terrorismo de Estado. Lanata afina la punta del lápiz: “El gobierno no parece consciente de la constante reivindicación acrítica que realizó, durante la década robada, de la violencia setentista”.

Lanata diagnosticó. Nelson Castro interpeló desde su semanario televisivo, Desde el llano emitido por la señal de noticias TN. Como cada jueves al finalizar su programa, el 3 de abril miró con la seriedad que transmite su rostro y preguntó, y nos preguntó: “Señora Presidenta, ¿sabe cuántas veces usted genera sentimientos de odio y violencia?”. Los gestos de congoja y preocupación comenzaban a cederle paso al hartazgo y la virulencia.

La violencia retórica es violencia al fin, asumen estas voces. El kirchnerismo sería el introductor de la cultura bélica en el campo político y el mediático. Antes que la acción, estaría la palabra. En el principio era el verbo. Los lenguajes de miedo y de guerra provendrían de una “patológica inclinación a la violencia verbal”. Los relatos de la beligerancia definen un modo de entender la historia. La “guerra contra la subversión” se transforma hoy en guerra contra la delincuencia.

El enemigo unificador vuelve a ser el criminal. La serie de “linchamientos” se ubica en la cobertura de Clarín dentro de la ya conocida “inseguridad”. Durante diez días destacó en su página inicial la seguidilla de casos de violencia urbana. “Ya van siete linchamientos en nueve días”; “Hubo otros cinco casos de palizas de vecinos a ladrones”; “Un nuevo intento de linchamiento”; “Capitanich eludió responsabilidades por la inseguridad”; “Infierno en Bernal”; “El 84 por ciento de la gente cree que la inseguridad creció”. Ni la emergencia provincial en materia de seguridad decretada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli el sábado 5 de abril impidió que se detuvieran la saga. “En provincia no cede la inseguridad”, titula el 9 de abril, seguido por la noticia de otra golpiza de vecinos de Recoleta a un supuesto ladrón.

Pero el Estado se reconfigura ante cada nuevo escenario. La batalla electoral imprime, además, rasgos particulares al modo en que se reposicionan los actores frente a la violencia urbana. Para frenar la puesta en agenda del descontrol estatal, que al entender de algunos revelaban los casos de linchamiento a delincuentes, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, intentó su contraofensiva comunicacional: anunció en conferencia de prensa la puesta en marcha de la emergencia en la seguridad. La emergencia en la seguridad ya había sido declarada luego del asesinato de Axel

Blumberg. El 2 de abril de 2004, el entonces gobernador bonaerense Felipe Solá declaró “el estado de emergencia en seguridad” de todos los municipios del conurbano, anunció

el incremento del patrullaje policial y solicitó ayuda al gobierno nacional para frenar la violencia delictiva. En una conferencia de prensa llamada a contrarreloj para capitalizar

las portadas de los matutinos del domingo, el sábado por la tarde Scioli se enfrentó a las cámaras con un estrado y rodeado de la mayoría de sus ministros y secretarios. El plan para enfrentar la delincuencia incluía la convocatoria de personal retirado de la Policía y del Servicio Penitenciario bonaerense, 600 millones de pesos para equipamiento de móviles policiales, la incorporación de un botón de alerta en los celulares, la construcción de alcaidías para alojar detenidos.

También llamó a debatir el régimen penal juvenil y a presentar un proyecto de ley para crear fiscalías especializadas en narcotráfico. El narcotráfico y los jóvenes son el centro de las intervenciones estatales.

Más que a un problema gobernabilidad, de legitimidad del poder, en la conferencia de prensa se buscaba producir un tipo de efecto de realidad: la emergencia en seguridad busca reposicionar la acción activa del Estado. El tablero se volvía a mover. El mensaje de la emergencia recuperaba lugar frente a la tecnofilia de la seguridad. Massa tuvo que ubicarse en el nuevo mapa. “Nos genera satisfacción el reconocimiento de la gravedad de la situación del Gobernador como responsable de la seguridad en la Provincia al declarar la emergencia”, anunció a la prensa desde su cuenta de Twitter. El Estado volvía a estructurar el campo de acción posible de los otros y revisibilizaba su estrategia de gobierno.

El liberalismo es un arte de gobierno de los seres humanos cuyas coordenadas principales de acción no se vinculan necesariamente con la legitimidad o la ilegitimidad sino con el éxito o fracaso de las acciones del Estado sobre la población.

La política pone en escena un “juego de miedo” que gestiona las visibilidades u oscuridades de la protección frente a los peligros. En las sociedades de seguridad la base de la relación con la población no es necesariamente un contrato social sino más bien un pacto de seguridad. El anteproyecto de Código Penal sería un “contrato de impunidad para los delincuentes”, como anuncia la imagen gráfica de la página de Facebook

“No al nuevo Código Penal”.99 “¿Y vos?”, preguntan. ¿A vos qué te queda como ciudadano de a pie? La incertidumbre, el miedo al miedo, la inestabilidad. Sería preciso revisar el pacto, entre quiénes se está firmando el acuerdo. El contrato de seguridad está adherido por el miedo. El temor une y separa, constituye un nosotros y reproduce a la vez un proceso de segregación del otro.

En los discursos de guerra vinculados con la inseguridad el delincuente está sujeto a una “política del merecimiento justo”. El precio del castigo es acorde al miedo y al hartazgo, no al acto cometido por el infractor. Un lector anónimo de la edición digital de Clarín comenta la nota y argumenta: “En la época de Cristo a los ladrones y asesinos se los crucificaba y se los exponía en una plaza pública y morían. Aquí en la Argentina se debe hacer lo mismo”. El fenómeno de los lectores que comentan las notas de los periódicos por Internet es muy enérgico cuando se trata de hechos cercanos a la violencia urbana. Si los periodistas intentan, en algunos casos, ser medidos con las palabras que componen la nota, los comentarios de los lectores llegan a niveles alarmantes de violencia. “Una rata menos apestosa!! Y todos los salames que hablan de derechos humanos dejen de joder”, sentencia un lector de La Capital de Rosario a raíz de la muerte de Moreira. La política de moderación de los comentarios no es tan moderada. En las palabras de hastío, la delincuencia es proyectada como exterminable. Son residuos sociales y el “merecimiento justo” sería la eliminación, la muerte. Se clausuran las garantías. El criminal es caracterizado como “una rata”, las metáforas de la basura inundan las páginas digitales de los medios.

El modo de definir al delincuente es como un sujeto monstruoso, un fantasma que amenaza a los miembros de una comunidad ideal, ordenada, civilizada y armoniosa. En los últimos diez años la tendencia se ha asentado. El delincuente es un no-sujeto, un ser abiográ/ co, sin historia en los medios, sin rostro. Y, por ello, sin futuro. El debate en este punto, además, está teñido por la discusión alrededor de si las políticas sociales son propicias y efectivas para intervenir frente a la violencia urbana. Las “políticas del fracaso” se identifican en el debate criminológico con las modalidades de intervención sobre el delito del modelo keynesiano. Los discursos de la criminología neoliberal y neoconservadora avanzan sobre la crítica a las intervenciones sociales. Las víctimas deben ser responsables de sus actos y de los de sus prójimos. Las prácticas y los costes de la inseguridad se privatizan. Los ciudadanos deben ser empoderados.

Una latita de Pepsi abollada contra la mesa. Los restos de gaseosa se derraman sobre la superficie blanca. Alrededor, diez latas de Coca Cola, llenas y relucientes rodean a la lata castigada. La definición gráfica de “Linchamiento” del grupo de Facebook “Linchamiento. Justicia” recorta una metáfora acerca del modo de entender al diferente. Los buenos son responsables de sí mismos y quedan parados; el malo, tendido en el piso, es desechable.

El miedo, lejos de despolitizar, se convierte en acto. Los denominados “linchamientos” son la puesta en práctica de un modo de pensar la seguridad. Una seguridad que se privatiza y en la que cada ciudadano pasa a ser responsable de prevenir y, al parecer de castigar, los delitos. Las comunidades del miedo generan lazos sociales con un arco heterogéneo de intervenciones, algunas de ellas asumen características antidemocráticas.

En las redes sociales, la defensa y promoción de ataques a delincuentes proliferó en las semanas en las que la agenda periodística introdujo el debate. Pero algunos de estos grupos no son un efecto de la puesta en agenda mediática ya que se iniciaron con anterioridad a la tematización periodística de los linchamientos. “Justicia por Mano Propia”, una página de Facebook que promueve el regreso del servicio militar obligatorio, se creó el 5 de diciembre de 2013. “Yo apoyo la Justicia por mano propia. El pueblo se defiende” fue creado premonitoriamente el 9 de marzo de 2014 y cosechó cerca de 700 “me gusta”.

En algunos de estos sitios se publican, como manual de instrucciones, las acciones que deben llevarse adelante para “defenderse”. “No le patees la cabeza al delincuente. Pisale la muñeca y quebrale los dedos hacia arriba de las dos manos. Con eso te asegurás que por más que Zaffaroni lo suelte no podrá robar como por cuatro meses. Se llama arresto ciudadano, es perfectamente constitucional” y citan el “inc. 1, art. 260, código federal de la nación” con un claro anclaje en un saber legal que no tiene en realidad ninguna referencia normativa específica. En sus foros de debate, recalcan que no hay que filmar las “acciones de autodefensa”: “Si presenciás un linchamiento y no querés participar: no filmes ni saques fotos!!”. “Mensajes a los conductores de cuatro ruedas: Cuando vean motochorros delinquiendo: 1. Topetazo. 2. Gritar para alertar. 3. Queda en manos de los vecinos”. Son discursos pedagógicos que, desde la experiencia, invitan a la acción. Incluso, desde algunas de estas tribunas promueven la proliferación de armas de fuego: “El derecho a portar un arma no te trae un problema, te soluciona muchos”. Reclaman una reforma sobre portación de armas y defensa del hogar. Aclaran: “La policía no puede estar en todos lados y tarda en llegar, el padre de familia deberá tener facilidades para conseguir un arma y defender a su familia”. El grupo llamado “Justicia Por Mano Propia” tiene como imagen de portada una calavera, al lado, una bandera argentinacon la consigna “Volveremos” en la parte superior y las Islas Malvinas sobre la franja blanca. La calavera es la imagen de The Punisher, el vigilante y antihéroe creado por Marvel como rival de Spider Man. Aquel justiciero de la saga que no duda en torturar y asesinar como tácticas válidas en la lucha contra el crimen. “Esto no es una venganza. La venganza no es un móvil válido, es una respuesta emocional. Venganza no… castigo”, dictamina el personaje del comic. El grupo de Facebook fue creado el 18 de diciembre de 2012, lejos de la ola mediática. “Sin un arma no hay seguridad”, aseguran. “Balas a estos hijos de puta que no quede ninguno vivo”, recalcan. “El mundo en alerta, no al desarme”. Las Malvinas, los soldados, la patria, la muerte. Un mundo en alerta en el que la venganza se transforma en un castigo legítimo.

En escenarios bélicos, los vecinos son soldados. “Los comandos no mueren… Solo van al infierno a reagruparse. Lealtad, valor y sacrificio”. El sitio de “Todos somos Argentina”, actualmente con casi cien mil “me gusta”, también se hace eco de esta modalidad de intervención y defiende los ataques. Uno de los espacios que promovió con más fuerza el “#8N” —la movilización contra el gobierno nacional del 8 de noviembre de 2012 que congregó a cientos de miles de personas—, renueva el compromiso con sus seguidores y publica durante la semana de las golpizas mediatizadas la siguiente consigna: “Si no quieren linchamientos, ¡que nos den seguridad!”.

Para sensibilizar al lector, estos sitios difunden fotografías de personas mayores atacadas y heridas. Los justicieros, en cambio, son representados como “héroes”. Pero el otro no solo es el delincuente, también lo es quien lo defiende. “Yo estoy a favor de las acciones de autodefensa popular contra delincuentes, militantes y periodistas prodelincuencia”. Los “IndignadosArgentina” recalcan esta idea: “Che Militonto K? Cuando te maten un hijo, violen a tu mujer o lastimen a tu abuelo… ¿También vas a salir a defender al delincuente?”. Las posturas más reaccionarias se esconden tras peefiles anónimos. La “no persona” de los comentadores de los medios gráficos digitalizados también ingresa en esta modalidad.

En guerra, en el caos, al parecer no hay tiempo de emotividades ni de racionalidades. Se diluyen las matrices simbólico-dramáticas y las matrices racional-iluministas con que el periodismo cuenta el crimen.Si bien estos modos de narrar el delito no desaparecen, emergen nuevos matices en torno de una matriz del desapego. Relatos impiadosos que son capaces de explicar el crimen contra el crimen y de apuntar a la vida privada de la víctima si es necesario. En la matriz del desapego, las víctimas dejan de ser individualizadas.

El rostro de Blumberg como centro de un reclamo masivo parece historia. La referencia se descentraliza, se anonimiza. “Somos anónimos”. Las imágenes que ilustran las portadas de los grupos así lo demuestran. Una máscara blanca de papel maché, un sombrero negro cónico, cejas, barba y bigote negros. Una mirada oscura, la única expresión está en la sonrisa irónica que inunda el rostro. La ilustración de David Lloyd del personaje de V de Vendetta recorre varias de las fotos de peefi de estas redes sociales. Las máscaras esconden las fisonomías. Algunos ciudadanos-víctima deciden mostrarse sin gestos. En los escenarios de caos, las caras dejan de ser identi/ cables, sin justicieros que dicen ejercer un derecho. En los territorios bélicos, el melodrama deja paso a la intervención y los ojos del llanto a la “justicia” por mano propia. El justiciero racional del relato blumberiano, que reclama leyes, cambios en la política criminal, le abre paso a un novedoso personaje, el justiciero desapegado, insensible.

“Las sociedades autoritarias son como el patinaje sobre hielo: intrincadas, de una precisión mecánica y, sobre todo, precarias. Dentro de la frágil corteza de la civilización se agita el caos”, mani/ esta el personaje de V. Lejos estamos del futuro distópico, de las apelaciones al anarquismo y al fascismo en el poder de la serie grá/ ca imaginada y escrita por Alan Moore en la Inglaterra del ochenta. Sin embargo, algunos ciudadanos-víctima asumen como propios personajes que ponen en marcha una campaña para derrotar a un gobierno que asumen como “autoritario”, y al crimen, cualquiera sea la práctica necesaria.

En los relatos del caos no se diagnostica necesariamente la vuelta a la condición de naturaleza. Sigue estando presente en las demandas al Estado la seguridad y justicia. Se reconoce la existencia de un Estado no propio, que es interpelado y al que se define como ausente. Ante esa insuficiencia, emerge la idea de una comunidad empoderada, que se construye como quien debe tomar el mando, accionar y definir un nuevo pacto de seguridad. La norma social no es reclamo central sino que lo son las tácticas que deben ser marcadas por cada ciudadano para defender su territorio. En la emergencia de seguridad, además de leyes y patrullajes, se requieren cámaras y botones antipánico. Los dispositivos tecnológicos son parte central de la intervención de la criminología del sí mismo contra la avanzada de un otro amenazante. Pese a los cambios, la subjetividad de época no se modifica. Las víctimas siguen siendo protagonistas en las noticias: de un Estado autoritario, de la impunidad, de la corrupción, de la inflación. Pero el relato del reclamo se modifica. La mayoría silenciosa no solo sale a la calle, sino que también opera sobre las nuevas tecnologías e interviene en las narrativas mediáticas y políticas.

Las coberturas noticiosas visibilizan el caos y recortan a la comunidad imaginada. ¿Qué sectores son legítimos para los medios? ¿A qué ciudadanos interpela la política? ¿Qué  fisonomías invisibles se imaginan como lectores? Los rostros etéreos asumen los colores del hartazgo. Las pinceladas mediáticas conforman un ciudadano-víctima ya no necesariamente desde el sentimiento de dolor sino desde la percepción de hastío.

El cansancio eleva el precio de castigo.