Por Román Lejtman

Daniel Rafecas siempre fue respetado por sus estudios sobre el Genocidio Judío y su implicancia en la construcción de una sociedad moderna, justa y democrática. Su Señoría viajó alrededor del mundo, escribió libros sobre la tragedia del Holocausto y dio clases a estudiantes preocupados por la banalidad del mal y el huevo de la serpiente. Rafecas aparece como un magistrado crítico de la malicia y la inmoralidad secular, en un mundo castigado por la ausencia de una profunda ética de la responsabilidad. Pero este juez federal porteño, sucesor tácito de Norberto Oyarbide, jamás dará un paso que implique castigar a los protagonistas estelares del poder en la Argentina. Se trata del doble estándar procesal que impuso Oyarbide, siempre obediente de todas las órdenes que recibe del oficialismo de turno.

Rafecas consideraba la investigación sobre Amado Boudou como una excursión de pesca organizada por el fiscal federal Carlos Rívolo, que puso su vida en juego para probar la conducta criminal del Vicepresidente de la Nación. El juez federal maltrataba a Rívolo y hasta filtró investigación de la causa a un amigo de Boudou que jugaba de doble agente. Pero Rafecas fue considerado un traidor cuando allanó el departamento del vice en Puerto Madero y todo estalló por los aires.

A duras penas, este juez federal emparchó su relación con Balcarce 50 y logró que no prosperara su juicio político en el Consejo de la Magistratura. Para ello, utilizó toda su capacidad intelectual en defensa propia: le dijo a un barón de la Casa Rosada que el allanamiento a Boudou fue una idea del fiscal Rívolo que no pudo archivar a tiempo.

Rafecas quedó en observación K y con la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre su escritorio, todos los teléfonos comenzaron a sonar sin tregua ni vergüenza. El Poder Ejecutivo avanzaba para cobrar la deuda, y el experto en genocidio no dudó en pagar su cuenta. Se trataba de sobrevivir en los tribunales de Comodoro Py, ante las furibundas presiones que ejecutaban los operadores del Gobierno.

Pocas horas antes del discurso de Cristina en la Asamblea Legislativa, Rafecas recibió a los dirigentes de la comunidad judía, que ansiaban saber el destino procesal de la denuncia de Nisman acusando de encubrimiento a la Presidente, su canciller y un puñado de esperpentos políticos por la firma del Memo con Irán.

Su Señoría trató con desdén a los representantes de la DAIA, mientras firmaba expedientes que se apilaban sobre el escritorio. Cuando terminó la faena, miró a sus invitados y disparó: «Desestimé, no hay pruebas», dijo. Así Rafecas protegió su carrera y archivó la denuncia de Nisman, el último acto jurisdiccional del fiscal AMIA.
La suerte de los tribunales puso a Rafecas en dominio de la causa Hotesur, que intenta determinar si Cristina, sus hijos Máximo y Florencia y su amigo Lázaro Báez, entre otros supuestos implicados, cometieron lavado de dinero, abuso de poder, cohecho, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Esa causa estaba en manos del juez federal Claudio Bonadio, que fue apartado por una decisión procesal imposible de justificar desde una perspectiva del derecho positivo. Bonadio había ordenado 39 allanamientos en las oficinas de Máximo y Báez para reunir las pruebas que permitiera ratificar o descartar el objeto procesal del expediente que preocupa a CFK y sus contertulios. Pero Balcarce 50 no perdonó el acto jurisdiccional de Bonadio y logró que la Cámara Federal porteña (sala I) hiciera otro milagro patagónico. La salida de Bonadio permitió que Rafecas se hiciera cargo del expediente y de la prueba recolectada en tres discos rígidos, varios pen-drives y algunos dvd’s.

Cuando se ejecutaron los 39 allanamientos, la Policía Metropolitana se hizo cargo de los documentos incautados y realizó un minucioso inventario de los papeles encontrados en el territorio de Máximo y Báez. Bonadio designó a la Policía Metropolitana porque desconfía de las fuerzas de seguridad que manejan los funcionarios de Cristina y sabe por sus años en el poder que en causas calientes primero se informa al poderoso implicado y después al juez que tramita la causa.

Rafecas también sabe que ceder la custodia de las pruebas de Hotesur a las fuerzas de seguridad de la Nación, es una ventaja a favor de los presuntos implicados que rechazaban la competencia de Bonadio. Una copia de las actas de incautación y una eventual pérdida de documentos claves puede facilitar la tarea de exculpación de la Presidente, su familia y sus amigos. No es la primera vez que se pierde la prueba y se benefician los reos: Carlos Menem y Ricardo Jaime pueden dar fe de esta certeza.

Hace horas, Rafecas entregó a la Prefectura Naval Argentina toda la documentación sobre Hotesur que custodiaba la Policía Metropolitana. Rafecas está cerca de Oyarbide, que protegió sin diferencias a Menem, Néstor Kirchner y Cristina, cuando llamaron de Balcarce 50. Sólo le queda cerrar la causa que mantiene insomne a CFK y su familia.

El poder no corrompe, desnuda.

Fuente: El Cronista.