| Presentación ante el Consejo de la Magistratura

El diputado Garrido pidió que se investigue al camarista Freiler

Quiere saber si el juez integra una sociedad dedicada a realizar inversiones y operaciones financieras, actividad prohibida para los jueces. Votó por apartar al juez Bonadio de la causa Hotesur.

Freiler en la mira.

Freiler en la mira.

El diputado y candidato a renovar su banca por el Frente Progresistas Manuel Garrido solicitó hoy al Consejo de la Magistratura las declaraciones juradas del camarista Eduardo Freiler, integrante de la Sala I de la Cámara Federal.
Garrido realizó el pedido en base a la información dada conocer en el programa televisivo «Periodismo para Todos», en donde se precisa que el Boletín Oficial publicó el 18 de julio de 2012 que Freiler constituyó, junto a Carla María Lago y Marcelo Rubén Sutton, la sociedad comercial Minning Pride S.A.
Recientemente, Freiler votó por el desplazamiento del juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur que salpica a la familia presidencial y el rechazo a sobreseer al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri en el caso de las escuchas ilegales.
En su presentación, Garrido señaló que «el juez integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal participaría en una sociedad que tiene por objeto ‘La realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero de las siguientes actividades: INVERSIÓN Y FINANCIERA»‘.
Y añadió que, de ser cierta esa situación, «el artículo 9 del Decreto-Ley 1285/58 expresa que ‘Es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política, con el ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres y de los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario'».
Garrido también citó que también el artículo 8, inc. «j», del Reglamento para la Justicia Nacional establece que «los magistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable» y que «especialmente están obligados», entre otras cosas, a «no ejercer el comercio ni actividad lucrativa alguna sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia».
El diputado consideró que «es claro que el ejercicio del comercio o de cualquier otra actividad especulativa es incompatible con el ejercicio de la magistratura, y que el magistrado en todo caso debe solicitar un permiso excepcional, por lo cual también le pregunté al Consejo de la Magistratura si, efectivamente, habían autorizado a Freiler para estos negocios».
«Es impropio de un magistrado el desarrollo de este tipo de actividades claramente alejadas de la función de juzgar. Compromete su independencia y su juicio. Nos deja sin garantías de recibir la mejor justicia», añadió.


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