Recalde denunció al empresario.

El Tribunal Oral Federal Nº2 condenó a tres años de prisión en suspenso a Miguel Gutiérrez Guido Spano por el delito de cohecho activo, por haber ofrecido el pago de diferentes sumas de dinero a Mariano Recalde, para entonces asesor en la Comisión de Legislación del Trabajo de la  Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo de la coima era que el padre del ahora presidente de Aerolíneas Argentinas, Héctor Recalde, «cajonee» el proyecto por el cual los vales alimentarios pasaban a ser parte del salario de los trabajadores o le introduzcan modificaciones para garantizar y/o ampliar la continuidad del régimen anterior. La Fiscalía había pedido la pena de tres años y seis meses de prisión por el mismo delito. En tanto que el representante de la firma Accor Santiago Lynch se encuentra prófugo y con pedido de captura de Interpol.

En su alegato, el fiscal Juan Patricio García Elorrio hizo un pormenorizado análisis de las comunicaciones previas y los encuentros concertados por los empresarios Lynch y Gutiérrez Guido Spano con Mariano Recalde, en los que finalmente los imputados ofrecieron un soborno al actual titular de Aerolíneas Argentinas, para que su padre demore o modifique el proyecto de ley. El representante del Ministerio Público sostuvo que al momento de los hechos el avance del proyecto implicaba un alto impacto en el esquema de negocios de las empresas multinacionales aglutinadas en la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (CEVAS) entre las que figuraban Accor S.A. y Sodexho Pass S.A

Para la Fiscalía, quedó probada la intervención que tuvo Miguel Gutiérrez Guido Spano en la maniobra, con el claro objetivo de que se retardara el tratamiento del proyecto que ponía fin a los tickets canasta, o modificaran su redacción para garantizar o, incluso, maximizar las ganancias de las empresas que comercializaban los vales alimentarios. Sin embargo, el diputado nacional, tras tomar inmediato conocimiento a través de su hijo de la propuesta, rechazó el acuerdo criminal y formuló la correspondiente denuncia penal ante la justicia.

García Elorrio resaltó que este caso, nuevamente, coloca a la vista prácticas de corrupción del sector privado y aludió a las obligaciones asumidas por nuestro país en convenciones internacionales sobre esa materia y a la Guía de recursos sobre medidas estatales para reforzar la integridad empresarial publicada por  las Naciones Unidas.

El 7 de  noviembre de 2007, el abogado integrante del estudio jurídico Wortman Jofre e Isola Ariel Garrido presentó una denuncia en representación de Héctor Recalde a fin de que se investigara la posible comisión del delito de cohecho activo.

Recalde ejercía en ese entonces la presidencia de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se encontraba en estudio y análisis un proyecto de ley en el que se asignaba carácter remuneratorio a los vales alimentarios (tickets) de manera escalonada y progresiva a todos los efectos legales y convencionales.

Encuentros, reuniones y pruebas

Entre fines de octubre y noviembre de 2007, se mantuvieron comunicaciones y se llevaron adelante encuentros que fueron filmados en grabaciones aportadas a la justicia. El primer encuentro filmado se realizó el 6 de noviembre de 2007 y allí Gutiérrez Guido Spano llevó adelante las tratativas y ofreció a Mariano Recalde los sobornos para Recalde con relación al proyecto que había presentado y que se encontraba en análisis.

El 19 de noviembre de 2007, se produjo un segundo encuentro filmado con Mariano Recalde. En esa oportunidad, Santiago Lynch, quien integraba el directorio de Accor S.A, acompañó a Gutiérrez Guido Spano  y fue el encargado de llevar adelante las propuestas y ofrecimientos, siendo el mas interesado en las negociaciones y el que habría impulsado que Gutierrez Guido Spano concertara las reuniones con Mariano Recalde

Mariano Recalde filmó y grabó los encuentros por recomendación y con el asesoramiento del Estudio Wortman Jofré e Isola a su padre. Ese registro fue reproducido durante la audiencia y junto al testimonio prestado por Mariano Recalde formaron parte del sustento probatorio de la acusación del fiscal.

Bicicleta, Pick up o Mercedes Benz

En el marco de esos encuentros, los imputados ofrecieron tres alternativas posibles: la primera, a la que llamaron “bicicleta”, consistía en frenar el proyecto por un tiempo. Por esa maniobra recibiría una suma de diez mil dólares por mes “cajoneado”. La segunda opción la llamaron “Pick up”. Consistía en modificar el proyecto original y mantener el carácter no remunerativo de los vales pero declararlos inembargables. Por esa «pick up» recibiría una suma mayor a la anterior. A la última alternativa, la denominaron “Mercedes Benz”. Significaba sustituir el proyecto por otro que consignara la obligatoriedad de otorgar tickets a empleados que cobraran menos de dos mil pesos. En ese caso, el pago del soborno sería de 20 millones de dólares en cinco pagos que se distribuirían de la siguiente forma: un 10% al presentar el proyecto, otro 10% si se aprobaba en la comisión, 20% si alcanzaba media sanción en diputados, 20% más si lograba sanción en senadores y el 40% restante una vez publicado en el Boletín Oficial.

Finalmente, nada de esto sucedió. Por la denuncia de Recalde padre, se formó un expediente, que fue instruido y elevado a juicio por el fiscal federal Jorge Di Lello. El juzgado que participó fue el Criminal y Correccional Federal Nº9.  En el requerimiento de elevación a juicio presentado en  2009, el fiscal consideró probado, que Guido Spano y Lynch efectuaron un ofrecimiento dinerario a un diputado nacional para que “retarde o modifique un proyecto de ley de su autoría en el marco de su función en la Comisión Legislativa específica”.

Fuente: Fiscales.