Cárceles superpobladas en Buenos Aires.

Un duro informe sobre violaciones a los derechos humanos y torturas a detenidos en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires fue presentado hoy por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), conocido a las pocas de la oficialización de la candidatura a presidente de Daniel Scioli por el FPV.

El organismo advirtió que el sistema carcelario y las políticas de seguridad bonaerenses muestran «graves violaciones a los derechos humanos por prácticas policiales y en cárceles, comisarías, centros de menores y neuropsiquiátricos» y agrega que las denuncias “se dispararon desde el decreto de emergencia en seguridad del año 2014″.

La emergencia de seguridad fue decretada por el gobernador Scioli, a instancias del ministro Alejandro Granados, a comienzos del año pasado, tras una seguidilla de hechos delictivos, como una forma de hacer frente a las críticas de la oposición en la materia.

Las «cifras son alarmantes, al menos 548 muertes, 600 por ciento de los índices de sobrepoblación en algunas comisarías, aumento de la tasa de encarcelamiento (207 personas cada 100 mil) llegando al récord histórico de casi 35.000 detenidos».

El informe anual sostiene que fueron recibidas «más de 20.986 denuncias por casos de tortura y malos tratos y uso sistemático de la prisión preventiva (60,4 por ciento)» y añadió que se advirtió que  «90 por ciento de las causas que tramita el sistema penal son casos de personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense, sin orden judicial previa».

El informe, que analiza el período 2013-2014, se hizo público durante un acto realizado en el Coliseo Podestá de La Plata, junto a familiares de víctimas de la violencia institucional de todo el país, militantes y organizaciones sociales y la presencia de la ministra de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, del Procurador Penitenciario nacional, Francisco Mugnolo, jueces, fiscales, defensores, legisladores, funcionarios de derechos humanos.

El copresidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, expresó que «estos informes son un llamado de atención, no sólo a las autoridades sino a toda la sociedad, porque la democracia tiene una relación directa con la vigencia de los derechos humanos, y si estos se violan, las democracias se debilitan».

Recomendó «revisar las políticas sociales de inclusión y no aumentar la represión», a la vez que subrayó que «quien viola los derechos humanos es el Estado».

El organismo hizo especial hincapié «en la responsabilidad de las autoridades políticas que promueven esas continuidades punitivas, y las agencias judiciales que avalan las detenciones selectivas de las fuerzas mediante la figura de flagrancia».