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Inhumana forma de esclavitud

Por Ricardo Gil Lavedra

La trata de personas es una de las acciones más crueles y aberrantes contra la dignidad humana, porque es una forma moderna de la esclavitud, la esclavitud sexual.

En este sentido, la modificación a la Ley de Trata es una deuda que el Poder Legislativo tiene con toda la ciudadanía, sobre todo cuando hace ya más de un año que el Senado dio media sanción a un proyecto de ley en este sentido. Por ello, y en el estado actual de cosas, hemos decidido acompañar la media sanción de Senado por tener esta modificaciones imperiosas que deben ser sancionadas cuanto antes.
Entre ellas cabe mencionar uno de los puntos fundamentales: la eliminación del consentimiento de la víctima como base para la exclusión de la imputabilidad de los acusados. Este es un avance gigantesco, pues informes de especialistas, entre ellos la UFASE, demuestran que las mujeres víctimas de la trata entran en negación y declaran que ejercen la prostitución por propia voluntad. Otro avance indispensable son las disposiciones de protección a la declaración de las víctimas de trata, que buscan no solo atenuar el impacto de revivir el trauma y la vejación, sino protegerlas de las intimidaciones, humillaciones y amenazas a las que en la actualidad muchas son sometidas al declarar.
Sin embargo, y a pesar del enorme significado de este paso, han quedado aún deudas pendientes. Una de ellas es crear un delito específico en el Código Penal dirigido a penar a quien administre, regentee o financie los establecimientos donde se explota a las personas, y la posibilidad de que esos inmuebles le sean confiscados. Esto es un punto fundamental para una verdadera persecución y desarticulación de las redes de trata de personas, pedido por el propio titular de la UFASE.
Otras tienen que ver con avances necesarios para ir perfeccionando las leyes, un paso más allá de lo que se ha modificado hoy. Hacer redacciones más claras de los delitos; quitar agravantes que pueden ser declarados inconstitucionales; y corregir y elaborar mejor los artículos que buscan proteger a las víctimas en su declaración, para evitar cualquier aplicación inconstitucional que invalide todo un juicio.
Por su parte, no deberían ser fallos como el del caso de Marita Verón los que pongan en la agenda del oficialismo la decisión de sancionar una ley que calme reclamos de la población. Este tipo de actitudes nos obliga a sancionar leyes a último momento, con prisas institucionales que limitan la deliberación democrática necesaria en este tipo de leyes que discuten temas tan complejos.
Sólo podemos esperar que el oficialismo aprenda de una vez por todas que las leyes deben sancionarse a conciencia, y no limitarse a oportunismos políticos, y que esta ley podría haber sido sancionada el año pasado.
Por lo demás, celebramos haber saldado finalmente una deuda pendiente que, aunque no de la mejor forma, es sin lugar a dudas un camino en la dirección correcta contra esta brutal e inhumana forma de esclavitud, que debe erradicarse cuanto antes con el trabajo conjunto de todos y cada uno de los habitantes del suelo argentino.

Fuente: Tiempo Argentino


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