| Investigación en la Facultad de Derecho

El fiscal sospecha que autoridades de la UBA usaron fondos «en beneficio propio»

El fiscal Gómez Barbella pidió al juez Rodríguez una serie de medidas de prueba. Investigan el destino de 140 millones de pesos en convenios firmados desde el 2012.

Richarte fue el número dos de la SIDE.

Richarte fue el número dos de la SIDE.

El titular de la Fiscalía Federal N°5 de la Capital Federal, Leonel Gómez Barbella, impulsó la investigación a funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre ellos la decana Mónica Pinto, luego de la denuncia presentada por la Procelac, a cargo de su colega Carlos Gonellas.

La denuncia ha generado un clima de convulsión en la Facultad de Derecho, debido a que pone la lupa sobre el manejo de fondos que con discrecionalidad usaban las autoridades de la casa de estudios y que podrían haber terminado en bolsillos de sus allegados.

Según el texto de la presentación de Gómez Barbella fondos que debían ser destinados a tareas de capacitación y extensión universitaria podría haber sido derivado mediante el uso de testaferros a allegados y parientes de las autoridades de la Facultad de Derecho.

Entre los denunciados no sólo aparece Mónica Pinto, sino que también figura Darío Richarte ex vicedecano de la Facultad, dirigente de joven en Franja Morada, y quien renunció a su cargo semanas atrás después de un campaña en su contra realizad por la FUBA, que le recordó su pasado como número de la ex SIDE en tiempos de la Alianza.

La pesquisa abarca los delitos de administración infiel en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la suscripción de convenios de servicios de la unidad académica con instituciones privadas y estatales desde 2012, informó el sitio Fiscales.

Gómez Barbella indicó que según las conductas denunciadas surgirían «gravísimas irregularidades» que «colocan bajo un velo de sospecha a las autoridades universitarias por cuanto podrían, en forma directa o través de testaferros, haber utilizado los caudales públicos en cuestión en beneficio propio».

El foco de la denuncia que da pie al inicio de la investigación es el destino dado a unos 140 millones de pesos provenientes de los contratos de asistencia y capacitación que brinda la Facultad subcontratando a los prestadores a través de diferentes personas vinculadas a las unidades de coordinación creadas para cada convenio en particular.

La Facultad de Derecho, a través de la Secretaría de Extensión Univesitaria, «percibiría sumas de dinero millonarias que distribuye conforme a los siguientes porcentajes: un 90% se destina al pago de honorarios profesionales a favor de las personas subcontratadas que las autoridades eligen sin que exista ningún tipo de control ni rendición de cuentas; y el 10% restante del importe del contrato sería retenido por la Facultad en calidad de agente de pago, razón por la cual ese porcentaje pasa automáticamente a engrosar su presupuesto anual».

El fiscal Gómez Barbella -que sugirió al juez federal Luis Rodríguez una importante cantidad de medidas de prueba- señaló según lo que se desprende de la denuncia «las autoridades de la facultad distribuirían las cuantiosas sumas de dinero entre personas de su entorno, que se encuentran vinculadas y/o que son seleccionadas, en base a criterios poco transparentes como puede llegar a ser afinidades políticas, familiares y/o amiguismos».

En ese sentido, citó el escrito presentado en la denuncia para señalar que «estas maniobras se perfeccionan a espaldas de cualquier intento de contralor público debido a la imposibilidad de acceder y consultar los listados de individuos y/o entidades que en definitiva resultan beneficiarios de estos contratos».

Por eso, Gómez Barbella circunscribió el objetivo de la pesquisa a «establecer las conductas descriptas, que se habrían llevado a cabo en el marco del cumplimiento de los convenios marco vigentes desde el año 2012 hasta la fecha por la Universidad de Buenos Aires, como así también, en identificar la totalidad de las personas que pudieron haber intervenido en calidad de autoría y/o participación, ya sean funcionarios, empleados, integrantes de instituciones o terceros, y que, actuando con motivo o en ocasión de su cargo y en el ámbito de su competencia, se encuentran involucrados en las sucripciones realizadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con diversas instituciones privadas y estatales en cumplimiento de dichos convenios celebrados entre las partes».


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