| Administración fraudulenta

La UBA convulsionada por la denuncia contra la decana de la Facultad de Derecho

La denuncia de la Procelac contra Mónica Pinto provocó sorpresa en la casa de estudios. Se investiga el posible desvío de fondos para actividades partidarias y enriquecimiento.

Pinto, decana de Derecho en la UBA.

Pinto, decana de Derecho en la UBA.

La denuncia de la Proselac, a cargo de Carlos Gonella, contra la decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, y su consejo académico esconde aspectos subliminales que explican una pelea de poder que supera con creces la denuncia por supuestas irregularidades administrativas, algo que siempre ha sido así en las unidades de la UBA.

Por eso Gonella dice que la denuncia le llevó una semana de trabajo. Bastaba con leer los comunicados y las gacetillas de los grupos de izquierda que abundan en la Facultad de Derecho para entender cómo se ha removido el avispero con la presentación judicial.

El texto de Gonella habla de presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación se funda en la posible utilización de fondos derivados de Convenios de Asistencia Técnica y Capacitación para el financiamiento de actividades partidarias del radicalismo universitario y enriquecimiento personal.

Es un antecedente único y que nunca tuvo lugar en la historia de la Facultad. Durante la mañana del lunes ya se hablaba en los distintos claustros si la situación no traerá aparejados juicios académicos (modalidad disciplinaria en la UBA) contra aquellos acusados que son también profesores. Esto dependerá esencialmente del devenir del caso.
Además de Pinto están denunciados el subsecretario Académico, Lucas Bettendorf, que responde a Darío Richarte, ex número 2 de la SIDE que redujo las actividades de su estudio famoso por defender a funcionarios kirchneristas (y cobrarles fortunas) apenas Jaime Stiuso salió de la SIDE. Richarte también renunció al vicerrectorado de la UBA.
Otro de los hombres que podría ser alcanzado por la investigación es Oscar Zoppi, secretario de Extensión Universitario. El más complicado sería Carlos Bedini que responde a Juan Pablo Más Velez. Apenas conoció la denuncia Bedini llamó desesperado a Más Velez y le aseguró que el tema era muy serio, especialmente porque Gonella y la procuradora Alejandra Gils Carbó detestan a Richarte y ven en Pinto una extensión del abogado.
Algo de cierto hay. Richarte estuvo a cargo de la operación mediática que hizo que el nombre de Pinto sonara como postulante para la Corte Suprema de Justicia. Pinto nunca estuvo seriamente ni en consideración del Gobierno ni del radicalismo para ocupar ese cargo.
No es para tanto. El caso lo tiene el juez federal Luis Rodríguez que responde a  Richarte y a un sector de la SIDE. La verdadera acción comenzará cuando el trámite, en unos meses, llegue hasta la Cámara Federal.

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