El desmantelamiento de los puestos.

La Justicia ordenó ayer un gigantesco operativo en la zona de La Salada, en el partido de Lomas de Zamora, donde efectivos de la Policía Bonaerense y Gendarmería desalojaron unos siete mil puestos instalados a la vera del Riachuelo, en Ingeniero Budge.

El objetivo del fuerte operativo fue desmantelar una banda delictiva dedicada a extorsionar a vecinos y a los propios feriantes mediante el cobro compulsivo de “alquiler” de espacios para los puestos de venta. También se busca ordenar el circuito de venta que está por fuera de las denominadas ferias internadas.

El sitio DiarioConurbano.com informó que se solicitó a la Policía Bonaerense una custodia del lugar ya que este jueves y el domingo son días en lo que funciona la feria y podría haber un intento de reinstalar los puestos que fueron derribados por las máquinas de la Municipalidad de Lomas de Zamora.

El operativo fue llevado adelante a partir de las 3 de la madrugada por unos 600 efectivos de Infantería y Caballería de la Bonaerense, que actuaron en el marco de una orden judicial de la UFI 4, a cargo del fiscal Lorenzo Latorre, y del Juzgado de Garantías 8, a cargo del juez Gabriel Vitale, ambos de Lomas de Zamora, que además de la irregularidad de los puestos investigan causas por extorsión, portación de armas y robos en la zona, según indicaron fuentes policiales.

Es que en el lugar hubo tres muertes en el término de cinco meses, en casos que según los expedientes judiciales involucra a barrabravas que buscan quedarse con un negocio que mueve hasta 300 millones de pesos al año por estas recaudaciones ilegales.

Según la Fecoba, que agrupa a comerciantes de la provincia de Buenos Aires, en las ferias de La Salada se realizan negocios por unos 24 mil millones de pesos al año, lo que implicaría una evasión de un tercio de ese volumen total. La misma entidad estima que hay unas 500 «saladitas» en todo el país que factura 50 mil millones de pesos al año.

El desalojo de se realizó en una extensión de diez cuadras sobre el denominado Camino de La Ribera, cuando la mayoría de los puestos se encontraban sin mercaderías y sin sus dueños presentes. Se utilizaron topadoras y una veintena de camiones de la Municipalidad de Lomas de Zamora, sin que se registraran detenidos, víctimas ni heridos, y sin enfrentamientos con los puesteros.
El intendente municipal, Martín Insaurralde, explicó que los puestos involucrados «se encontraban instalados» en lo que se llama el Camino de Sirga y que «había sido liberado hace varios años por la comuna». Explicó que Lomas de Zamora «fue el primer municipio» que dio cumplimiento al llamado «fallo Mendoza» de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la liberación de las márgenes del Riachuelo hasta una distancia de 35 metros. En el caso de la zona cercana a La Salada fue construida una calle ribereña, parte de la cual «fue ocupada» por los puestos, según dijo Insaurralde.

Por su parte Jorge Castillo, administrador de Punta Mogotes, una de las ferias que integran el complejo La Salada, dijo que los puestos desalojados «están fuera del predio» y señaló que la vía pública «no tiene dueño, por eso se instalan allí».

«Es parte de la parte informal de La Salada», indicó y dijo que los puestos desalojados «no pertenecen a las ferias grandes que están habilitadas y tributan, son los famosos manteros que van y se ponen en la calle».
«Desde noviembre pasado han tomado la ribera y de las dos manos que tiene han ocupado una», aseguró. Castillo dijo que como administrador del predio de Punta Mogotes no le informaron nada «porque los puestos están en la vía pública y no me tienen porque informar».

Vecinos del barrio denunciaron que existía una mafia que cobraba hasta 500 pesos por puesto a quienes se instalaban en la vereda y que además cobraban «peaje» a los vecinos que viven en la zona para poder salir y entrar de sus casas.

Los mismos vecinos dijeron que la mafia está integrada por barrabravas de los esquipos de Boca, River y Los Andes, que sin quienes comenzaron a regentear los puestos que se instalan en la calle fuera de las tres grandes ferias que se encuentran habilitadas.

Se trata de una pelea por un negocio de unos 300 millones de pesos, en los que también tendría participación algunos de los policías de la zona que cobrarían coimas de la mafia que alquilaba los puestos callejeros a quienes iban a vender.

La pelea por el control del camino que bordea al Riachuelo fue objeto de disputas a los tiros por diferentes bandas que buscaban controlar el negocio. Los vecinos recuerdan que hubo al menos tres muertos en los últimos meses por estas disputas sangrientas.