La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por la persistencia de la tortura por parte de la Policía y el Servicio Penitenciario en la Argentina, en una audiencia celebrada en Washington con la participación de representantes de la Defensorías Públicas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, Amnistía Internacional y funcionarios del Estado Nacional y las provincias denunciadas.
La presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, y los comisionados Paulo Vannuchi y James Cavallaro –éste ultimo Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad– estuvieron presentes en la audiencia y llamaron la atención sobre los elevados índices de denuncias de tortura ilustrados por los peticionarios.
Cavallaro pidió a los funcionarios “resultados y soluciones concretas”, y dejó abierta la posibilidad de visitar nuevamente los centros de detención en Argentina. Por su lado, Antoine calificó de “alarmantes” los datos presentados de malos tratos a niños y niñas, informó Amnistía.
El Defensor de Casación bonaerense, Mario Coriolano, presentó un registro realizado desde el 2000 hasta la fecha en el ámbito de su Defensoría, con datos de los 18 departamentos de la provincia, que registra 10.188 incidentes de torturas (con o sin denuncias formales) aplicadas en ámbitos cerrados o en la vía pública. Una cifra que en modo alguno refleja el total de torturas y malos tratos en la provincia.
Tanto Amnistía Internacional como las Defensorías Públicas hicieron hincapié en la impunidad casi total de la que gozan quienes aplican torturas, y que tiene que ver con que en la mayoría de los casos no son denunciados por las víctimas por temor a represalias y por la falta de investigación y sanción a los responsables.
El Defensor Coriolano citó un informe realizado junto a Amnistía Internacional, sobre la situación de casos de menores de edad en la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al cual, sobre 57 causas judiciales de torturas a niños y niñas, ninguna llegó a la instancia de juicio oral.
El Defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganón, tras compartir el mismo diagnóstico de temor e impunidad en Santa Fe, subrayó la inexistencia de mecanismos adecuados para la protección de las víctimas, la falta de autonomía de la defensa pública y los hostigamientos dirigidos los defensores públicos, como defensores de los derechos humanos.
La representante de Amnistía Internacional, Sabrina Frydman, pidió a la CIDH que insista para que en la Argentina se cree un registro nacional de hechos y denuncias de tortura a nivel nacional, de manera de contar con información fidedigna sobre la dimensión del problema en todo el país; que exhorte al Estado argentino a crear un sistema de protección para quienes se atreven a denunciar estos hechos y poner en vigencia el Mecanismo Nacional y los Mecanismos Provinciales de Prevención contra la Tortura.
También participó de la audiencia, mediante un video, el Relator Especial sobre Tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, quien enfatizó “la falta de capacidad de la sociedad y el gobierno argentino para resolver el problema de la tortura. Parece campear un gran nivel de impunidad, favorecida por maniobras administrativas y judiciales que tienden a relativizar la seriedad del crimen de la tortura”.
Los peticionarios complementaron su presentación por escrito información adicional sobre la situación de la tortura en Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut.
El estado Argentino fue representado por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén; la Cancillería argentina, a través de Javier Salgado, el subsecretario de Política Criminal de la provincia de Buenos Aires, César Albarracín, y el Ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, Juan Lewis.
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