| Presunto testaferro de Boudou

El juez rechazó la excarcelación y Vandenbroele seguirá detenido

Está arrestado a pedido de la Justicia uruguaya. El juez mendocino sostuvo que si lo libera podría darse a la fuga porque no se le conocen medios lícitos de vida.

El juez federal Walter Bento rechazó la excarcelación del empresario Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou y arrestado a pedido de la Justicia uruguaya por lavado de dinero, por entender que si recupera la libertad podría “eludir el accionar de la Justicia”.

“Si bien surge que tendría un nivel económico elevado, no se tiene conocimiento de que posea una fuente de ingresos legítima que permita justificar su modo de vida” y “cabe colegir que, de recuperar su libertad, Vandenbroele podría darse a la fuga y sostenerse económicamente”, sostuvo el fallo.

Vandenbroele, titular de The Old Fun, firma que maneja la ex-Ciccone Calcográfica, fue detenido hace una semana cuando iba a dejar a su hija a la casa de su exesposa, luego del pedido de la Justicia uruguaya a Interpol para arrestarlo porque no se presentó a indagatoria en los tribunales de Montevideo.

Bento informó el lunes a Vandenbroele de los cargos en su contra reportados por la Justicia uruguaya y lo envió a la U32 de los Tribunales Federales de Mendoza, mientras que su defensa solicitó la excarcelación.

El juez firmó un fallo donde planteó la inconstitucionalidad del artículo 26 de la Ley 24.767 que establece que en el trámite de extradición no son aplicables las normas referentes a la exención de prisión y a la excarcelación.

Y advirtió: “Son las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean su situación de detención las que me llevan a sostener que el requerido podría eludir la acción de la justicia en caso de recuperar su libertad”.

Para el juez, “en este tipo de trámites corresponde tener presente dos aspectos: la materialidad del delito, considerando especialmente la gravedad de la pena que pudiere corresponderle al imputado, y el riesgo procesal, en el que se incluye la posibilidad de fuga”. Señaló que Uruguay lo requiere para “ser sometido a un proceso penal seguido en su contra, en el que se encuentra imputado por el delito de lavado de activos, cuya escala penal oscila entre 20 meses y 10 años de prisión”.

Destacó que “fue citado a declaración indagatoria en dos oportunidades” pero “no obstante haber sido debidamente notificado, optó por no comparecer a las mismas”.


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