Por Nicolás Fiorentino

“¿Quién vigila a los que vigilan?”. En esta pregunta, que se estableció hace décadas como un grafitti callejero –“¿Who Watches the watchmen?”- se esconde el agujero más oscuro de los servicios de inteligencia en todo el mundo. Este agujero, en la Argentina, existe desde la creación de los cuerpos de espionaje, se profundizó durante la dictadura y quedó atado a un peligroso status quo desde el retorno de la democracia, pendulando entre la utilización política de los servicios por parte de los gobiernos de turno y la subordinación de las instituciones democráticas a un ejército de espías con acceso a información clasificada, financiación propia y fuera de todo control civil.

Los servicios secretos argentinos operan con absoluta autonomía. Si bien la Ley de Inteligencia –sancionada en diciembre de 2001- otorga importantes facultades a la comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, ese cuerpo parlamentario es una cáscara vacía. Apenas sí accede a la información que la propia SI está dispuesta a dar. De hecho, la ley ordena a esta comisión a elaborar un informe anual, pero desde su estructuración, en 2004, nunca se realizó.

Para Marcelo Saín, extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y hoy legislador bonaerense por Nuevo Encuentro (NE), “el gran problema es que durante la democracia (los servicios de inteligencia) se utilizaron para el espionaje político, la financiación de la política y el control de la Justicia. Hay jueces, fiscales y camaristas que son de la SIDE, con sobresueldos millonarios, porque la cajita feliz no se cortó nunca”, afirmó el experto en seguridad a BAE Negocios, este sábado. “Si la política no está dispuesta a romper con estas tres cosas, cualquier reforma (a la ley) es inútil”, sostuvo, sobre la idea del Gobierno de modificar el marco normativo que adelantara este medio. “Hace años que la SI no cumple las funciones que le asigna la ley”.

Parecido opina Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La necesidad de control parlamentario es fundamental y la comisión es central –explicó-. Pero, por las deficiencias de funcionamento, es como si nunca se hubiera puesto en marcha”. Y esa comisión es la única autorizada por ley para acceder a los secretos de la SI.

El diputado Manuel Garrido (UCR) viene presentando proyectos para modificar la ley de Inteligencia desde que estaba a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA), hace más de una década. “Todo lo que está en la SI es secreto y no debería ser así –advierte-. Es lógico que lo sea lo que es operativo, pero no el organigrama, los sueldos u otro montón de cosas que no tienen que ver con las operaciones”. Según Litvachky, “se necesitan normas claras para clasificar y para desclasificar la información”. “Hay otros países que tienen comisiones parlamentarias o tribunales administrativos o judiciales para discutir si un contenido es secreto o no y si se puede o no acceder –agregó-. Nada de eso existe acá”.

En su proyecto, Garrido exige revisiones de la Auditoría General de la Nación (AGN) “aunque sean reservadas”. También un informe público de la bicameral, que contenga la información no clasificada, y un desagregado del uso de fondos. “Como no hay registraciones, la bicameral accede a los papelitos que le muestran. Los mismos que nos mostraron a nosotros por las coimas en el Senado”, recuerda de su paso por la OA.

Los gastos reservados son el vértice crucial en el entramado de poder de los servicios. Sólo en lo declarado por Presupuesto, la SI contó en 2013 con casi 613 millones de pesos. De esa caja salió, según consta en los expedientes judiciales, la plata para financiar las investigadas coimas en el Senado o la investigación trucha para encubrir el atentado a la AMIA, que terminó con un tendal de procesados. Entre ellos el juez que la impulsaba, Juan José Galeano. Sain propone, en este sentido, “una comisión de inteligencia en cada una de las Cámaras, con facultades de aprobación de fondos”.

Los secretos de La Ojota

La SI concentra todo el sistema de intervenciones telefónicas e informáticas a través de la dirección de Observaciones Judiciales (OJ), conocida en la jerga como “La Ojota”. Cada intervención que autoriza un juez recae allí. En los hechos, también se hace infinidad de pinchaduras telefónicas sin la firma de ningún magistrado.

“En los hechos”, dice Litvachky, el sistema de órdenes judiciales “termina teniendo un aspecto muy superficial”. “En el caso Arruga, el control que hizo el juez de las intervenciones telefónicas a la familia fue muy limitado –argumenta-. El sistema funciona en forma liviana cuando las autoridades no tienen peso sobre quienes realizan las investigaciones”.

“Con 40 mil dólares en la Triple Frontera conseguís una valija de intervención de 15 casilleros. Hay empresas de seguridad privada que ya las tienen, lo que relativiza la fuerza de la propia SI”, dice Sain, con escepticismo.  Hubo casos resonantes, como la aparición de equipos de intercepción en un edificio de Telecom, en Garín, en 2007. Estos equipos eran más modernos de los que la SI tenía declarados. Por lo que se trató de pinchaduras privadas o de espías de la SI operando por fuera de la estructura oficial. Y las intervenciones de esa torre afectaba a legisladores y funcionarios sin discriminar entre oficialistas y opositores.

Por eso Saín, en cambio, cree que es crucial la descentralización: plantea dejar en la órbita de Presidencia “apenas una agencia de inteligencia sin medios propios de obtención de información, sin estructura de espías, con una estructura de analistas, el modelo de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN)”. “Y despues dos núcleos –cierra-: uno de inteligencia defensiva, en el Ministerio de Defensa, y otro criminal, en el de Seguridad”.

Stiuso o el eje de todas las miradas

Esta vez no fue la foto exhibida frente a las cámaras de televisión. Antonio “Jaime” Stiuso no necesitó corporizarse para quedar en el centro de las especulaciones respecto de cuál fue su participación en la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento hace una semana. El exagente había sido desplazado hace un mes, luego de que diera una entrevista a la revista Noticias, a todas luces hoy, una declaración de hostilidad al Gobierno que estaba por echarlo. La Casa Rosada ya había mostrado que no iba a tolerarlo más con el nombramiento de Milani al frente de las FF.AA., ex jefe de la Inteligencia militar y la llegada de Oscar Parrilli a la SI.

Fuente: Diario Bae.