MenúEl pedido había sido realizado por los abogados Ricardo Rosental y Alejandro Pérez Chada, defensores del jefe de Gobierno y precandidato a presidente, que habían solicitado el cierre de la investigación y el sobreseimiento del líder del PRO.
El juez consideró «prematuro» el pedido pues debe evaluar la información que pidió -vía exhorto- a los Estados Unidos respecto de la empresa de seguridad Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants, contratada por su padre, Franco Macri, para investigar a su yerno Néstor Leonardo, cuyo teléfono estuvo «pinchado» clandestinamente.
Casanello también rechazó el planteo de los abogados de Macri respecto a que se estaba violando la garantía de plazo razonable, por el tiempo que lleva la causa -iniciada en 2009- y refutó que «la cantidad de hechos investigados» así como la «complejidad» de la maniobra, es compatible con la «duración del proceso».
La resolución había sido firmada por Casanello el 29 de diciembre, pero se conoció esta mañana, y en ella el magistrado sostuvo que «resta a la fecha contar con la respuesta plena a los interrogantes que motivaran el libramiento de la rogatoria internacional y que fueran explícitamente sindicados por la Cámara Federal».
«Es menester estar a la espera de la respuesta de las autoridades norteamericanas a los fines de agotar la encuesta en ese sentido y contar con aquella prueba directa», replicó el juez al pedido de los defensores de Macri.
Se trata de una causa en la que Macri está todavía procesado (aunque de momento excluido del juicio oral y público) por las presuntas escuchas ilegales, que en ese caso concreto apuntan a su cuñado y por la que Casanello realizó un pedido de informes que se hizo a los Estados Unidos en torno a una empresa vinculada con las escuchas en la gestión del titular de la Ciudad.
El 14 de agosto de 2014 el juez libró un exhorto a la justicia estadounidense en busca de información sobre una empresa de seguridad mencionada en esta causa por escuchas telefónicas ilegales como parte de las medidas de prueba ordenadas por la sala I de la Cámara Federal porteña cuando confirmó el procesamiento al funcionario y que no habían sido instrumentadas al momento de ordenar el envío de los demás imputados a juicio oral.
En el exhorto se pidió a la justicia de Miami que requiera a la empresa «Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants» la «remisión de diferentes probanzas documentales relativas a la prestación de servicios provistos por dicha sociedad al sr. Francisco Macri y/o a la firma SIDECO AMERICANA SA».
En la causa, se explicó en el exhorto «se cuenta con dos hipótesis excluyentes. Aquella que involucra a Mauricio Macri con un interés particular en tener acceso a las conversaciones de Néstor Daniel Leonardo» para lo cual «habría ordenado o requerido la intromisión indebida» y otra «que podría vincular esa auscultación a los servicios que, en materia de seguridad, la firma Ackerman Group habría brindado a Francisco Macri».
El jefe de Gobierno porteño está procesado por este caso y por las intervenciones telefónicas ilegales a un familiar de víctima del atentado a la AMIA, Sergio Burstein.
Antes del exhorto a Estados Unidos, la Cámara Federal porteña había confirmado la decisión de Casanello de dejar al jefe de gobierno porteño fuera del juicio oral para los restantes 10 procesados en esa causa.
En mayo pasado, Casanello envió a juicio oral al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, el ex espía Ciro James, y al ex ministro de educación porteño, Mariano Narodowski, como así también a dos jueces destituidos en Misiones por esta causa, junto a sus secretarias de Misiones.
Todos están acusados de integrar aquella asociación ilícita que montó una estructura para el espionaje ilegal en el seno del Gobierno de la ciudad, con eje en la Policía Metropolitana, que entonces comandaba Palacios y fue destituido.
