La Cámara de Senadores aprobó esta tarde por 39 votos contra 24 el nuevo Código Procesal Penal enviado por el Poder Ejecutivo el 21 de octubre pasado, el cual reemplaza el actual sistema judicial “inquisitivo” por uno “acusatorio”.

El radicalismo insistió con votar su propio dictamen de minoría, que incluía además la sanción de una ley para reglamentar el funcionamiento del Ministerio Público y la instrumentación del juicio por jurados, una iniciativa del senador Artaza.

Tras la media sanción que le dio el Senado el proyecto pasó a la Cámara de Diputados que tratará la iniciativa durante el período extraordinario de sesiones, con lo cual la iniciativa se podría convertir en ley antes de fin de año.

Al cierre del debate, que duró un poco más de seis horas, el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, tildó de “incoherente” la postura opositora, señalando que deberían haber votado en general a favor y objetar en particular los artículos cuestionados.

“Uno esperaba un aporte más constructivo”, expresó el rionegrino, remarcando los temas que terminaron modificando en comisión, como el tema de la “conmoción social”.

En cambio, el presidente del bloque radical del Senado, Gerardo Morales, dijo que su bloque comparte la mayoría de los términos de la reforma procesal, pero advirtió que la iniciativa “desnuda” otro tipo de intenciones.

En relación a las nuevas designaciones, el jujeño sostuvo que la reforma establece “un cambio cultural”, que requiere “capacitación, formación, cambio de mentalidad”. Así las cosas, señaló que “antes de crear los cargos, hay que ver cómo queda la reestructuración”.

Al respecto, Morales planteó la modificación de la ley de Ministerio Público Fiscal. El nuevo sistema debería ser “transparente” y con un mecanismo “colegiado”, sosteniendo que el mismo debería estar dividido en dos comisiones. “La procuradora va a administrar el presupuesto, pero va a estar sujeta a esa comisión”, señaló en referencia a las sugerencias elevadas por el radicalismo.

“Mejoramos la estructura, el sistema de control presupuestario, se establecen mecanismos de formación y capacitación”, señaló en referencia al proyecto alternativo sugerido por el radicalismo.

El proyecto original enviado por el Ejecutivo sufrió 42 modificaciones en el debate en comisión y se excluyó la figura de conmoción social para dictar la prisión preventiva, objetada por todos los sectores.