| La gestión de la inseguridad como forma de gobierno

Esteban Rodríguez Alzueta: “Detrás de la brutalidad policial está el prejuicio social”

Rodríguez Alzueta analiza en un libro cómo se gestiona la inseguridad y su relación con los prejuicios sociales. Corrupción policial, avances y retrocesos en el kirchnerismo.

Rodríguez Alzueta critica la gestión de Berni (Foto Tiempo Argentino).

Rodríguez Alzueta critica la gestión de Berni (Foto Tiempo Argentino).

Por Javier Sinay

“El ‘pibe chorro’ no existe. Los ‘pibes chorros’ son una proyección de nuestros miedos, de los fantasmas que fuimos avivando a través de los prejuicios que destilamos”, dice Esteban Rodríguez Alzueta. Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, miembro del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y de la Campaña Contra la Violencia Institucional, Rodríguez Alzueta es autor del libro “Temor y control: la gestión de la inseguridad como forma de gobierno”. Allí, en un tratado de 382 páginas, Rodríguez Alzueta discute mitos y leyendas de la agenda de seguridad/inseguridad (donde el “pibe chorro” es sólo un ejemplo) y se pregunta por la persistencia del delito y el aumento de la población carcelaria en nuestro país, en relación a un dispositivo de temor y control que en su metodología parece heredero de algunas ideas que Michel Foucault expresó en su clásico “Vigilar y castigar”.

“Me interesaba pensar las relaciones entre algunas prácticas sociales y determinadas rutinas institucionales”, dice Rodríguez Alzueta. “En CIAJ tenemos una consigna que orienta nuestras intervenciones que dice: ‘No hay olfato policial sin olfato social’. Esto quiere decir que no hay detenciones sistemáticas por averiguación de identidad sin vecinos alertas llamando al 911. Detrás de la brutalidad policial está el prejuicio social. Los estigmas que los vecinos van tallando cotidianamente para referenciar al ‘otro’ como productor de su miedo no son inocentes. Están hechos de palabras negativas, filosas, que habilitan y legitiman la violencia institucional. En este libro, entonces, me interesaba explorar esas relaciones de continuidad que son, además una invariante histórica, es decir, prácticas que nos retrotraen a la década del ‘90, y también a los ‘70. Porque detrás de la figura del ‘vago’ o el ‘pibe chorro’ está operando la figura del ‘subversivo’. La cultura de la delación es algo que hay que ir a buscarlo a la última dictadura cívico militar”.

-¿En qué medida la gestión de la inseguridad ha sido un arma de control poblacional durante los gobiernos kirchneristas (2003-2014), en comparación con experiencias de los años anteriores?

-Bueno, al kirchenirismo no habría que pensarlo como un bloque porque hubo grietas; es decir, momentos que no duraron demasiado, pero donde esa invariante histórica quiso ponerse en crisis. Vaya por caso la gestión de Gustavo Beliz o la de Nilda Garré. Pero en términos generales, en estos diez últimos años no se ha podido poner en crisis la judicialización de la protesta social y tampoco la criminalización de la pobreza. En cuanto a la protesta, durante los primeros años el gobierno nacional no apeló a los tribunales para poner en caja a los protagonistas de la protesta social. Y luego con las gestiones de Masquelet y Garre, se avanzó en la protocolización del uso de la fuerza en las manifestaciones públicas.

-¿Qué puede decirse de la gestión de Sergio Berni?

-Como se puede ver, los procesos están hechos de marchas y contramarchas, y Berni nos dejará dos pasos atrás en todas las discusiones. Pero hay que decir también que eso fue lo que sucedió a nivel nacional, porque en las provincias, los gobiernos filo-kirchneristas, continuaron apelando al Código Penal para transformar los conflictos sociales en litigios judiciales. Es lo que pasó en Misiones con los tareferos o los inundados, en Formosa con los pueblos originarios, en Santiago del Estero con los campesinos, en Neuquén con los mapuches, en Rio Negro con los trabajadores rurales, etc. No perdamos de vista que la creación del Ministerio de Seguridad tiene que ver con la represión a la protesta social. Primero, con el asesinato del militante Mariano Ferreyra en manos de la patota sindical con protección policial, que estaba peleando contra la precarización laboral. Segundo, con el desalojo, la represión y asesinato de vecinos y militantes sociales que estaban ocupando tierras en el Parque Indoamericano. Dos conflictos, dicho sea de paso que serán los que continuaron y se van a mantener en la próxima década.

-¿Qué puede decirse sobre la criminalización de la pobreza en la era kirchnerista?

-El kirchnerismo tampoco puso en crisis las rutinas policiales que contienen o disciplinan a los más pobres. Por un lado, porque las policías regulan las economías ilegales e informales que le resuelven los problemas a muchos sectores las economías legales y financian a muchos sectores de la política. Tampoco supo poner en crisis las rutinas judiciales. No hay maldita policía sin maldito poder judicial. Y en estos diez años, los jueces y fiscales continuaron ensañándose con los más pobres. En vez de perseguir el delito de cuello blanco, la evasión impositiva, el tráfico ilegal de granos, la fuga de divisas o investigar los fideicomisos inmobiliarios; prefirieron perseguir al delito predatorio o de visibilidad, a los jóvenes protagonistas de estilos de vida que generan miedo. Basta revisar la extracción social de la población prisonizada para darnos cuenta el carácter clasista con el que trabajan tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero también los Ministerios de Seguridad que presupuestan la saturación policial y las policía de visibilidad, pero desinvierten las tareas que demanda la investigación y persecución del crimen complejo.

Por otro lado, el kirchnerismo siguió teniendo una concepción policialista de la seguridad. Salvo en la gestión de Nilda Garré, para el resto del funcionariado, seguridad es igual a policía. No tuvieron una concepción multiagencial. En el mejor de los casos apelaron a una fórmula economicista, cuando decían, por ejemplo, que el delito se resuelve con inclusión social. Pero la violencia y muchos delitos no es una cuestión de inclusión social, no se resuelve con inclusión, sobre todo cuando está no dignifica. Porque la inclusión social vista como la ve el kirchnerismo tiende a estigmatizar. Es inclusión precarizada. Al kirchnerismo le falto peronismo. Es decir, los problemas no se resuelven a través del Ministerio de Desarrollo sino con el Ministerio de Trabajo. Lo que hace falta no son planes sociales, cupos en cooperativas sino trabajo digno. Aquello sirvió para transitar los primeros años de gobierno, pero después se durmieron. No se dignificó el trabajo que se les daba a los jóvenes. Si vos a un joven lo pones a barrer las calles o limpiar zanjas, que son tareas que la sociedad referenciadas como labores para “vagos”, y no lo dignificás, es decir, no le pagás vacaciones, aguinaldo, no le haces aportes jubilatorios, y tampoco tiene obra social y acceso al crédito de consumo, lo seguís estigmatizando. El joven se da cuenta que es objeto de la discreción de los punteros del intendente o tal o cual dirigente o funcionario, o que sigue siendo objeto de las esperas interminables en las oficinas públicas. El joven vive a ese trabajo como algo denigrante, no le agrega una identidad positiva. No hay que perder de vista que la juventud es el sector no sólo más precarizado sino donde la desocupación sigue siendo relativamente alta. Entonces el kichnerismo al quedarse sin gasolina y sin imaginación, entraron en escena los perros de caza como Berni, que le dice a la gente lo que quiere escuchar, que piensan a la seguridad con la tapa de los diarios. Decime qué dice el titular de hoy a la mañana que te diré qué va a decir Berni en la conferencia al mediodía. Quiero decirte: le faltó profundidad, no hubo nunca un plan estratégico, no se hicieron las reformas policiales estructurales, no hubo políticas públicas sino prácticas políticas que se recostaban sobre la capacidad y la experiencia operativa que prometían cada fuerza de seguridad. En definitiva, se hizo coyunturalismo, se limitaron a remar cada nueva ola.

-¿Es la gestión de la inseguridad una política de cada gobierno o es un elemento propio del sistema que va más allá del gobierno de turno?

-Yo llamo “gestión de la inseguridad” a la manipulación de la desgracia ajena, a la instrumentalización política del miedo. El temor es un insumo para la política. Un insumo paradójico, porque se vacía de política la política. La inseguridad es prepolítica cuando clausura los debates. Una persona atemorizada es un emoticón, un manojo de nervios, alguien que dejó de pensar para indignarse. Cuando cunde el pánico volvemos al estado naturaleza, somos pura sensación, potenciales linchadores. El sensacionalismo tiene la capacidad de no producir divisiones, es decir, de producir consensos difusos y súbitos a la vez. Son consensos volubles pero fuertes. El asesinato de una embarazada a la salida de un banco es una imagen-fuerza de impacto político que será disputada entre los funcionarios y los dirigentes de la oposición. Por eso pienso que a través de la inseguridad se propone una política sin sujeto. Cuando se agitan los fantasmas lo que se nos está pidiendo es que regresemos a casa, nos encerremos, y le dejemos a ellos hacer las cosas que dicen saben hacer. La inseguridad es antipolítica, porque desautoriza los debates colectivos. Ante el dolor del otro, la acción cívica correcta es la indignación y la condena. Y cualquiera que levante la mano será referenciado como problema también, como garantista, y será descalificado enseguida.

-En el libro habla del «mito del pibe chorro». ¿Qué significa esto?

-Existen jóvenes con dificultades que oscilan entre el trabajo precario y alguna fechoría; jóvenes que pendulan entre el ocio forzado y la ayuda social, el ocio forzado y alguna fechoría. Pero como dice el colega Sergio Tonkonoff, si los pibes chorros cambian lo robado por plata y con la plata se compran zapatillas Nike o un móvil Samsumg Galaxy, eso quiere decir que son más pibes que chorros, que se identifican con los valores que les propone el mercado para poder existir. No existen los “pibes chorros”, existen jóvenes que referencian a las economías ilegales como la oportunidad para resolver problemas materiales e identitarios concretos. No existen los “pibes chorros”, existen jóvenes vulnerabilizadosque son reclutados por las policías para patear con la gente que arreglo con ellos. Porque las policías, a través de sus prácticas violentas, activan formas de control social informal. Para el policía un pibe suelto, que roba al boleo, es un problema porque no se puede negociar con ellos porque nunca tienen plata, y porque son una maquinita se hacer macanas. Entonces lo que hace la policía, es agregarlo a una red criminal para que sea el propio transa, por ejemplo, el encargado de controlarlo, porque el transa, que ya arregló con la policía, es el principal interesado de que su gente no lo exponga, no haga ruido. No hay que perder de vista tampoco que las economías ilegales necesitan fuerza de trabajo para mover esos negocios, y esa energía la provee la policía quien además le vendió la invisibilidad que necesita su emprendimiento.

-¿Cómo se puede modificar la situación actual de seguridad/inseguridad?

-Lo primero que se necesitan son los acuerdos políticos y sociales amplios para sustraer los temas que se cargan a la cuenta de la seguridad de las agendas electorales. Porque mientras la inseguridad siga siendo la vidriera de la política, en cada coyuntura electoral, seguiremos siendo rehenes de las coberturas sensacionalistas del periodismo, y aparecerán los candidatos de siempre, sean funcionarios o de la oposición, prometiendo más policías, más penas, más facultades discrecionales, más cárceles a cambio de votos. Para conseguir la estabilidad que necesitan los planes estratégicos, para construir los tiempos medios y largos que se necesitan para realizar las reformas policiales estructurales, se necesita previamente ensayar esos acuerdos. Hasta ese momento, difícilmente puedan ensayarse respuestas creativas y no punitivas para hacer frente a la conflictividad social. Estos diez años demostraron que no basta con la voluntad política. Que las decisiones chocan con las corporaciones, y las rutinas cotidianas que organizan la vida de cotidiana de las agencias. Poner en crisis esta invariante necesita paciencia y acuerdos largos.