El fiscal Augusto Troncoso, quien denunció a su jefa Alejandra Gils Carbó por una supuesta intromisión en sus archivos, es investigado en un sumario interno por haber intentado archivar una causa contra seis policías y un guardiacárcel acusados de reducir a la esclavitud sexual y violar a dos hermanas de origen humilde.

Las dos víctimas eran llevadas a distintas dependencias de la Policía Federal, como el cuartel de la Policía Montada en Palermo, para ser sometidas a rondas de sexo. Para Troncoso, informó la Procuración, no había delito y los hechos respondían a “una situación de índole social” en la que “se pretende que la Justicia penal resuelva situaciones de carencia”.

El sumario que se instruye dentro de la Procuración está a cargo del fiscal Marcelo Colombo y abarca varios casos de violencia de género en los que intervino Troncoso. Colombo había instruido a la titular del Programa de Género, Romina Pzellinsky para que analizara la actuación de fiscal en distintas causas de ese tipo informa Página 12.

Troncoso había sido denunciado tanto por la jueza Wilma López por impulsar el cierre de causas pese a disponer de pruebas y por el Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Nilda Garré,  en relación con el caso de las hermanas abusadas.

Pzellinsky explicó públicamente que no hay ninguna directiva de espiar a nadie ni existió intromisión alguna, sino que existe un sistema de gestión de causas que permite acceder a dictámenes y hacer análisis. A su entender, la denuncia de Troncoso es “un artilugio defensista” sin consistencia.

El fiscal Troncoso había sido recusado y finalmente separado de la investigación de abuso sexual y promoción de la prostitución de las hermanas y quedó a cargo el fiscal Fernando Fiszer, quien logró finalmente que se elevara a juicio oral. Seis policías y un penitenciario aguardan el juicio, que quedó cargo del Tribunal Oral Criminal 17.

A la más grande de las hermanas la dejaron embarazada a los 12 años y luego otra vez a los 15, por lo que el fiscal Fiszer y la defensora de menores Claudia López Reta pidieron realizar los ADN. Las niñas, dos hermanas, venían de una villa bonaerense, estaban mucho en la calle, y los policías las llevaban a una pensión y a dos unidades a cambio de unos pocos pesos y –a veces– de comida.

El fallo de la sala VII de la Cámara del Crimen que confirmó los procesamientos que había dictado la jueza López advirtió que todo transcurrió en un marco de intimidación a las adolescentes. Troncoso entendía que el caso se reducía a un conflicto de “polleras” con connotaciones derivadas de la situación de pobreza de las chicas.

Aquel fallo de Cámara, que firmaron Juan Cicciaro, Mauro Divito y Mariano Scotto, hacía esta descripción: “Los policías, alternadamente, se comunicaban con las damnificadas para satisfacer sus apetencias sexuales ocasionales, además de transportarlas en móviles de la fuerza, lo que, por la corta edad de las víctimas, conduce a presumir que tanto las llamadas telefónicas como los mensajes de texto encerraban una connotación intimidatoria para las víctimas. Los números de teléfono de las menores circularon entre diferentes oficiales de la Policía Federal, así como también con la intermediación de personal de seguridad privada de la línea de ferrocarriles San Martín”.

Los uniformados que irán a juicio son Héctor Daniel Martínez, Mauricio Sebastián Acevedo, Jorge Matías Acevedo, Sebastián Borfitz, Miguel Angel Campero, Héctor Diego Palavecino y Gustavo Salinas, seis policías federales y un penitenciario. No están privados de su libertad pero fueron apartados de la fuerza por la cartera de Seguridad.

“Los imputados –sostuvo la Cámara– aprovecharon una relación de poder respecto de las hermanas, ambas carentes de contención familiar y en las que se detectó una signo-sintomatología asociada a vivencias amenazantes o intimidatorias, a la vez que netamente traumáticas.” Los uniformados no están presos, aunque fueron apartados de las fuerzas por el Ministerio de Seguridad.