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No reformemos sólo el Código Procesal Penal

Por Martín Casares*

En la actualidad existe un amplio consenso respecto a la necesidad de avanzar con la reforma del sistema de enjuiciamiento criminal que rige los procesos penales en la Justicia Nacional con asiento en la Capital y Federal en todo el país.

Se podrá estar en desacuerdo con el código que se proponga, sobre su impacto en el Ministerio Público Fiscal, el modo de llevar adelante su implementación, e inclusive en la oportunidad de hacerlo casi finalizando una gestión de gobierno; pero no en cuanto a la necesidad del cambio.

Sino, recordemos la situación en la que se encuentra la justicia penal, con casi un 85% de los casos ingresados sin llegar a una solución,con plazos de resolución excesivamente prolongados -inclusive en delitos sencillos- y una nula capacidad de investigación que se plasma en el hecho de que sólo llegan a juicio el 5% de los casos.

Por otra parte, en términos de garantías, se puede afirmar que el ordenamiento vigente vulnera los derechos y garantías fundamentales tanto de imputados como de víctimas, ya que en lugar de realizar juicios previos genera “expedientes previos”, y quienes han sufrido un delito carecen por completo de derechos y participación en el proceso.

Mientras tanto, si observamos el trabajo diario de nuestros tribunales, nos encontraremos con miles de expedientes atiborrados de engorrosos trámites, todos escritos, excesivamente formalistas y con una burocracia que atenta contra la publicidad, transparencia y control de los actos públicos que debe primar en cualquier sistema republicano.

Con el paso de los años, el incremento en el número de casos penales cada vez más conflictivos aumentó la carga de trabajo produciendo el colapso de juzgados y fiscalías que continúan organizados y trabajando de la misma manera que hace 150 años.

Un buen ejemplo de esto puede verse en la película “El Secreto de sus Ojos” filmada en el Palacio de Tribunales y situada en el año 1974 donde sólo tuvieron que cambiar computadoras por máquinas de escribir para recrear la justicia penal argentina de hace más de 30 años.

Es por esto, que entiendo que es importante una reforma del sistema de enjuiciamiento penal, que partiendo de los principios contenidos en nuestra Constitución Nacional nos permita contar con una administración de justicia moderna que concilie el poder punitivo del Estado con el pleno respeto a las garantías individuales.

En síntesis, se trata de modernizar nuestro sistema de administración de justicia penal para que la Justicia le vuelva a dar la cara al ciudadano, y se organice de la forma más adecuada para resolver sus conflictos de manera rápida, eficiente, transparente, imparcial, accesible, y respetando los derechos fundamentales.

Debemos aprovechar la oportunidad que se nos presenta para cambiar un sistema penal antiguo y obsoleto. Uno de los mayores desafíos será trabajar en un proyecto que permita contar con una mayor eficacia en la persecución de los delitos resguardando los derechos y garantías de ambas partes.

De este modo, el nuevo Código Procesal Penal deberá propiciar un sistema acusatorio que redefina los roles de los jueces, fiscales y defensores poniendo la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal; dando mayor intervención a la víctima del delito, y al ciudadano para que pueda ver y controlar la labor de los funcionarios judiciales.

Resulta necesario que podamos contar con un sistema procesal en el que el juicio oral, público y contradictorio sea el centro del proceso penal extendiendo la oralidad a todas las instancias del proceso; en el que los magistrados resuelvan las cuestiones planteadas por las partes en audiencias públicas y no en el marco de un expediente.

Para conseguir fines tan ambiciosos es importante poder formularse objetivos que se puedan medir, analizar y evaluar; para ello resultará útil enumerar algunos de los objetivos más importantes que tendremos que alcanzar con la reforma: reducir los plazos de duración de los procesos, respetar las garantías judiciales de todas las partes, dotar de transparencia al sistema procurando evitar la corrupción y hacer aportes en términos de seguridad ciudadana.

Finalmente, a la hora de diseñar e implementar una reforma de esta índole no es necesario traspolar sistemas extranjeros, ya que en la Argentina contamos con diversos casos exitosos de reforma procesal penal que podemos utilizar. Ejemplos como el de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires o Chubut pueden ser adecuados para tener en cuenta y poder reformar el Poder Judicial orientándolo a prestar un servicio de calidad al ciudadano. En estos casos se han logrado grandes cambios en la organización de los tribunales que como resultado consiguieron un mayor y mejor servicio de Justicia.

*Abogado, candidato a magíster en Derecho Penal, Becario del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal del CEJA, investigador y docente. Integrante del área de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Pensar.


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