La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que obliga a la Inspección General de Justicia (IGJ) a satisfacer un pedido de información pública sobre la sociedad ex Ciccone Calcográfica realizado por el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra.

El máximo tribunal rechazó en su fallo un recurso extraordinario del Estado, al confirmar una resolución de la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un pedido de información hecho por el ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza Ricardo Gil Lavedra contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para la Corte, al rechazar los datos solicitados de la ex Ciccone Calcográfica el Poder Ejecutivo “no se hace cargo de la jurisprudencia de esta Corte, conforme a la cual el derecho a solicitar información en poder del Estado corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar interés o afectación directa”.

El ex diputado había pedido datos referidos a la constitución de las empresas Ciccone -Compañía Sudamericana de Valores y The Old Fund- y de las licitaciones para las represas santacruceñas Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic.

Los amparos habían sido promovidos por Gil Lavedra y por la Asociación de Derechos Civiles (ADC), y en ambas demandas la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo había resuelto hacer lugar a los planteos, pero fundando que el acceso se debe conferir a Gil Lavedra no por su calidad de diputado, sino como simple ciudadano. Éste es el criterio que ayer la Corte Suprema dejó firme.

El Estado, ante las sentencias adversas, había decidido entregar la información -aunque lo hizo en forma insuficiente-, pero al mismo tiempo presentó recursos extraordinarios y de queja ante la Corte, los cuales ayer el tribunal rechazó con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, que dejaron firmes los fallos de la Cámara de Apelaciones.