| Avanza el traspaso

Proponen que otros 27 delitos sean juzgados por la Justicia porteña

En la Legislatura hay un proyecto para aumentar las competencias de los tribunales porteños. El debate de fondo es el traspaso de la justicia nacional a la local.

El proyecto está en discusión en la Legislatura porteña.

El proyecto está en discusión en la Legislatura porteña.

Por Javier Sinay

Veintisiete delitos de la órbita de la Justicia nacional pasarían a la de la Ciudad de Buenos Aires si prospera un proyecto de ley presentado por la legisladora porteña María Rosa Muiños (del Frente para la Victoria). Usurpación, corrupción de funcionarios públicos de la ciudad, comercialización y suministro de drogas y discriminación son algunos de esos delitos.

“En la medida en que esto implica devolver a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de gestionar un tipo de conflictividad de contenido e interés netamente local, con autoridades judiciales seleccionadas y controladas por mecanismos institucionales propios, lo vemos como algo positivo”, dice Jorge Boerr, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “Se trata de avanzar en el camino del ejercicio de derechos políticos que de acuerdo a la Constitución Nacional están en cabeza de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y, por lo tanto, de poner en pie de igualdad a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto de los habitantes del país”.

¿Qué opina sobre el traspaso de nuevas competencias penales a la Justicia porteña?

-No dejamos de advertir que la habilitación de pequeñas transferencias de conflictos penales a la CABA termina funcionando a modo de parches con respecto a lo que debería ser una gran decisión política -coherente con los valores y normas constitucionales vigentes- de traspaso de las estructuras completas de la justicia común u ordinaria con asiento en la Capital a la Ciudad de Buenos Aires. No pareciera haber argumentos de tipo racional y públicamente sostenibles para considerar que los conflictos de la Ciudad de Buenos Aires deben ser decididos por autoridades no electas ni controladas por el pueblo local. Se suele decir que algunas de las razones más importantes para que esto no ocurra serían los privilegios que no querrían perder algunos jueces de la justicia común con asiento en la Capital. En nuestra opinión, es hora de debatir públicamente y de cara a la ciudadanía cuáles son esos privilegios –si es que esto es posible- pero además, si corresponde atender a esos privilegios, o por el contrario, corresponde hacer efectivos los derechos políticos que la Constitución Nacional reconoce a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia común con asiento en la Capital se ocupa de temas que no son de competencia federal, o, para ser más claros, de interés de toda la Nación. Los robos, homicidios, divorcios, daños, incumplimientos de contratos, etc. que se producen en la Ciudad de Buenos Aires no son asunto de una jurisdicción de índole federal.

-¿Cómo puede hacer la Justicia de la Ciudad para modernizar su estructura y mantener la calidad del servicio, con vistas al traspaso?

-Si bien el tema es amplio y con múltiples aristas, consideramos que una cuestión estratégica para el sistema judicial local -de cara a la futura transferencia de competencias penales- es la modernización urgente de sus tribunales. En nuestra experiencia, vinculada al seguimiento de los procesos de reforma en Latinoamérica y el resto de las provincias de nuestro país, los sistemas acusatorios se basan en un rol protagónico del Ministerio Público Fiscal en la gestión de la conflictividad (como lo es el que existe en la CABA) y en un sistema de gestión de casos mediante audiencias públicas (como lo es sólo de modo parcial en la CABA), que necesitan funcionar con estructuras de coordinación y gestión que difieren radicalmente de las estructuras tabicadas de los juzgados tradicionales que aún conserva la CABA también. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con buenos jueces y un proceso de modernización de sus estructuras de acusadores públicos que van a ser muy importantes a la hora de hacer frente a la carga de trabajo esperada. Sin embargo entendemos que se subestima la posibilidad de trabajar de modo eficaz que se tendrá manteniendo el modelo actual de despachos judiciales. Para nosotros es bastante evidente que no se puede generar un flujo importante de respuestas jurisdiccionales mediadas por audiencias públicas en un sistema compuesto por más de treinta jueces, cuarenta fiscales y veinticuatro defensores públicos sino se moderniza el aparato administrativo para coordinar esa complejidad.

-¿Cómo debería ser organizado el sistema?

-Los sistemas verdaderamente eficaces requieren de un nivel de coordinación mucho más sofisticado y de metodologías de administración de los sistemas de audiencias que no pueden gestionarse de modo aislado a través de la buena voluntad de cada juez. Por eso han surgido en distintos procesos de reforma del ámbito provincial y latinoamericano nuevos modelos de oficinas judiciales que centralizan la gestión administrativa y generan un entorno adecuado de coordinación para que los jueces puedan decidir de modo eficaz en audiencias públicas y con la mayor transparencia posible. Si bien la CABA tiene un moderno código de procedimientos penales es sabido que para generar resultados se necesitan algo más que especificaciones legales. La coordinación y el aumento de la capacidad de respuesta se logran mediante nuevas estructuras de gestión. En este sentido es interesante observar las distintas experiencias de varias provincias argentinas como Chubut, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, etc. que -muchas veces- con presupuestos menores al de la CABA, están avanzando en este sentido y ya funcionan con oficinas judiciales que centralizan la gestión de modo eficaz y transparente, y colegios de jueces que operan de modo flexible de acuerdo a las necesidades reales del servicio judicial. Estas son herramientas que -a nuestro modo de ver- sería bueno que se impulsaran ya que este proceso será de una envergadura muy superior a los anteriores tanto en cantidad de casos como en complejidad.

-¿Por qué es necesario que este traspaso se dé?

-Si bien de algún modo hemos hecho referencia a esto en la primera pregunta cuando remarcábamos la necesidad de reconocer el derecho político de los habitantes locales a seleccionar y controlar a sus autoridades judiciales, consideramos que además es necesario el traspaso para profundizar un trabajo coordinado sobre la conflictividad local y una mejor distribución de los recursos judiciales que están repartidos en autoridades y jurisdicciones diferentes. Esto convierte el espacio de lo judicial en un escenario complejo para la confianza de la población en su sistema de resolución de conflictos, sus posibilidades de acceso a la justicia, y multiplica los problemas de eficacia y transparencia que deben afrontarse todavía para tener una justicia verdaderamente republicana y democrática en la Ciudad de Buenos Aires.