Nardulli y Pérez fueron acusados de organizar la toma.

Por Javier Sinay

Con una conferencia de prensa en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña y una concentración callejera, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales e incluso legisladores porteños se pronunciaron por la absolución de los referentes populares Diosnel Pérez (vocero del Frente Darío Santillán en la villa 20, de Lugano, y secretario del departamento de promoción social de la junta vecinal de la villa 20) y Luciano “Tano” Nardulli (de la Corriente Clasista y Combativa), acusados de organizar la toma del Parque Indoamericano que en diciembre de 2010, con la presencia de más de tres mil familias en terrenos ocupados, sacudió a la política nacional y municipal. En esos días, luego de una represión en la que los policías formaron un cerco que impedía el ingreso de comida, agua y asistencia médica a quienes estaban adentro del Parque Indoamericano, el desalojo resultó en un saldo de tres muertos: Bernardo Salgueiro, Rosemary Puña y Emilio Canaviri Álvarez.

Ahora la jueza Cristina Beatriz Lara, titular del juzgado penal contravencional y de faltas número 21 ha elevado a juicio oral la causa judicial contra Pérez y Nardulli para los días 16, 17 y 20 de octubre.

El proceso lleva ya tres años y medio, de la mano de los fiscales Luis Cevasco (fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires) y Claudia Barcia. En este tiempo dos juezas de instrucción prefirieron no hacer lugar a las acusaciones por considerar que no había elementos suficientes. En los primeros tramos de la causa, la jueza María Cristina Nazar sostuvo que no había un delito porque se trataba de un problema social, y que la causa se tenía que archivar. Pero los fiscales apelaron su fallo y la Cámara de Apelaciones dio lugar a ese pedido. La jueza Nazar reiteró que el caso era un problema social, pero en lugar de archivar la causa, se excusó y el caso quedó en manos de la jueza María Gabriela López Iñiguez. Tres años después de la toma, la jueza López Iñiguez sobreseyó a Pérez y Nardulli. Pero los jueces Marcelo Vázquez, Juan Sáez Capel y Elizabeth Marum, de la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires, revocaron esta decisión con el fundamento de que este es un caso atípico y debe resolverse en un juicio oral y público.

“Esta causa tiene un trasfondo político”, dice Lucas Morello, vocero del departamento de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán y compañero en la militancia política de los acusados. “El eje es tierra y vivienda: hay una intención del macrismo de invisibilizar esa problemática, sin importar que el gobierno nacional y el porteño se hubieran comprometido a llevar adelante un plan conjunto de viviendas, ante el que los vecinos resolvieron retirarse del Parque Indoamericano”.

Por otra parte, en febrero de 2012 el juez Eliseo Otero, titular del juzgado nacional en lo criminal número 9, sobreseyó a 33 integrantes de la Policía Metropolitana y a 12 de la Policía Federal por la represión. Algunos meses después, la sala I de la Cámara del Crimen ratificó la hipótesis de la responsabilidad policial en los homicidios del desalojo, avaló la investigación del fiscal Sandro Abraldes y apartó del caso al juez Otero. “Pero ahora la causa por los homicidios está en punto muerto”, dice Morello, del Frente Darío Santillán. “Y lo único que sí avanzó fue la causa contra Pérez y Nardulli, acusados de usurpación y de instigación”.

Según los acusados, los argumentos de la fiscalía están basados en declaraciones de policías y en testimonios públicos de ellos dos, que fueron tomados por los medios periodísticos durante la toma, adonde Pérez y Nardulli llegaron en calidad de representantes de los ocupantes.

“Ahora, los terrenos que aquella vez fueron parte de la toma están cedidos a emprendimientos privados, en el marco del Plan Maestro de la Comuna 8: todo es un negocio inmobiliario”, dice Morello, del Frente Darío Santillán. El Plan Maestro es un proyecto que fue presentado por los legisladores macristas Cristian Ritondo y Karina Spalla en noviembre de 2012. “La Comuna 8 es la zona que tiene el mayor potencial de crecimiento de la ciudad, la que tiene la mayor cantidad de espacios en desuso”, afirmaron en ese momento. Y afirmaron que el objetivo primordial de la iniciativa era urbanizar los asentamientos informales y poner en valor los complejos habitacionales del Barrio Soldati y del Conjunto Urbano Lugano I y II. Pero para los sectores críticos al macrismo, en cambio, el Plan Maestro facilita el remate del territorio en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo una porción del Parque Indoamericano.

Mientras tanto, Diosnel Pérez y Luciano Nardulli esperan en libertad por la concreción o suspensión de su juicio. No tienen antecedentes y no conocen la cárcel, pero la pena que pendería sobre ellos podría llegar a ser de hasta tres años de prisión, con el beneficio de la excarcelación. O peor: “la fiscalía quiere desdoblar la causa en dos, porque hubo dos etapas en la toma del Parque”, dice Lucas Morello, del Frente Darío Santillán, “así que la pena máxima no sería de tres años, sino de seis”.