MenúUn fallo del juez Luis Arias suspendió de manera inmediata los efectos de la resolución 642 por la cual el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, legitimaba el alojamiento de presos en comisarías de la provincia.
El fallo del juez platense en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) el 1º de septiembre pasado.
La medida incide sobre todas las seccionales de la provincia y avanza sobre el hacinamiento de detenidos en comisarías que, de acuerdo con estadísticas presentadas por el propio Ministerio de Seguridad bonaerense, prácticamente duplicaron su cantidad en los dos últimos años, de casi 900 en 2012, a 1700 en 2014, aunque se estima que existe un subregistro y que la cantidad oscila actualmente en los 3 mil, informa Página 12.
La cuestionada resolución de Granados se inscribe en la lógica del decreto de necesidad y urgencia dictado por Scioli sobre la emergencia en seguridad, y ordenaba la reapertura de calabozos de comisarías cuyo cierre había sido dispuesto por el mismo gobierno luego de la visita de la Comisión Interamericana de DD.HH., cuya relatoría testimonió el estado de gravedad inusitada en que se encontraban los detenidos en cárceles y comisarías en junio de 2010.
Según el informe del CELS, realizado poco antes del pedido de la cautelar, en mayo pasado la provincia llegó a su record histórico en los últimos quince años de personas detenidas en situación no transitoria, es decir, a espera de un juicio (según la Constitución, inocentes), y condenados, tanto en cárceles como comisarías: 33.166 detenidos (sin calcular el subregistro de comisarías).
Paula Litvachky, directora del Area de Justicia y Seguridad del CELS, explicó que «lo que hizo Granados con la 642 fue anular los decretos de 2011 y 2012, y eso es intentar legitimar algo que es inconstitucional con la excusa de que no son detenciones permanentes, sino a la espera de cupos del SPB. Pero es falso, porque como aumenta la presión para que la policía detenga, se incrementan las detenciones y el SPB no va a tener cupos porque ya está desbordado.”
El fallo de Arias no sólo puso freno a los alojamientos, sino que ordenó que se vuelva atrás con los detenidos en comisarías y trasladó a los jueces penales que tienen a su cargo a detenidos para que analicen la situación que pueda derivar de la pérdida de legitimidad del lugar de detención.
