Por Germán Garavano

El funcionamiento del sistema judicial es una pieza clave del moderno estado de derecho. La confianza en la justicia es la característica propia de aquellos países que han alcanzado el desarrollo. Entendido tal como la capacidad de que todas las personas tengan oportunidades reales de progresar con paz y en libertad, satisfaciendo sus necesidades de salud, educación y alimentación.
De este modo el Poder Judicial es uno de los soportes indispensables para sostener el crecimiento y progreso como sociedad. Por el contrario países en los cuales el sistema de justicia es débil, corrupto o ineficiente, son aquellos en los que se sufren profundas desigualdades y se encuentran signados por la ley del mas fuerte, en muchos casos el propio gobierno de turno.
En nuestro país, la justicia ha transitado diversas etapas y ha sufrido numerosos embates, sin embargo habiendo dado señales en la dirección correcta, nos encontramos ante una oportunidad histórica. Generar una verdadera política de estado: tendiente a garantizar la independencia de los jueces y fiscales, promover el acceso a justicia de aquellos que más lo necesitan, transformar los procesos de trabajo para dar respuesta en tiempo real a las demandas de la gente, y contribuir de este modo al desarrollo de una vida en comunidad con menos conflictos y mas estabilidad.
Los propios poderes judiciales y Ministerios Públicos, deben diseñar, trasmitir y desarrollar sus propias políticas publicas de cara a la sociedad, procurando brindar un servicio público de calidad y en tiempo oportuno.
Existen hoy numerosos ejemplos en la región y en algunas provincias, como el Poder Judicial de Córdoba o la experiencia de la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que marcan que es posible transformar la justicia y brindar respuestas de calidad a los habitantes. En estos modelos podemos ver en funcionamiento: a) plataformas para la formulación de denuncias en línea a través de internet; b) oficinas que orientan y ayudan en la solución de los conflictos; c) la gestión digital de los procesos judiciales y administrativos; d) mapas georeferenciados del delito; e) estrategias de persecución penal inteligente; f) oficinas rediseñadas de acuerdo a las demandas de la comunidad; g) programas de difusión de derechos con los jóvenes en las escuelas y barrios; h) juzgados y fiscalías especializados en violencia doméstica, en criminalidad económica y corrupción; i) la rendición de cuentas a la comunidad, mediante informes periódicos, entre muchas otras iniciativas que permiten acercar y dar respuesta a las crecientes demandas de la población.
Estamos superando una visión sustentada en antagonismos con un fuerte contenido ideológico, destinada a resquebrajar la capacidad del poder judicial para dar respuesta a conflictos que se presentan en nuestra sociedad. En esta línea el desafío que enfrenta no solo la justicia federal sino las de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es contribuir de un modo claro y visible a fortalecer el estado de derecho. Para ello y a partir de un proceso de cambio que mejore su funcionamiento debe sentar las bases de una doctrina, de una señal hacia la sociedad toda de previsibilidad e igualdad. Todos somos iguales ante la ley y debemos respetarla. Este simple mensaje ayudará a combatir la profunda y arraigada desconfianza que existe hacia las instituciones y la creciente anomia que caracteriza a nuestra sociedad.
Así la justicia debe enviar mediante sus fallos e intervenciones una señal clara y contundente frente aquellas personas que violan la ley. Para ello necesitamos de jueces y fiscales capaces de actuar con independencia, altamente capacitados y con los recursos necesarios para hacer frente a los desafíos cada vez mas complejos que enfrentan.
Pensemos que la justicia tiene un rol clave que jugar en lo que actualmente denominamos seguridad humana, es decir que aquellas personas que violen la ley deberán asumir las responsabilidades por sus actos. De igual modo, y en materia de progreso económico y cumplimiento de derechos constitucionales, la previsibilidad de las decisiones judiciales genera un marco adecuado para llevar adelante actividades comerciales, invertir en industria y tecnología, y realizar los derechos sociales.
Los candidatos presidenciales y luego el nuevo gobierno, tendrán la oportunidad de acompañar esta políticas públicas, como así también de impulsar una agenda legislativa que redunde en soluciones integrales frente a los graves problemas que enfrenta nuestra sociedad. La Reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, de los Códigos Procesales, la introducción del uso de las modernas tecnologías, la asignación de recursos para que la justicia pueda desenvolverse en pie de igualdad con los desafíos que se le presentan, son algunas de las cuestiones, que junto con una mirada de diálogo y construcción de consenso debe guiar este complejo proceso, tras años de esteriles discusiones teñidas de una mirada ideológica alienante.
La justicia, a partir de la resolución de los conflictos, garantizar los derechos, asegurar el respeto a la ley y la sanción de aquellos que la violan, es la base para lograr que nuestro país progrese en libertad.

Fuente: El Cronista.