Cámaras de seguridad en la Jefatura de Gobierno.

Por Javier Sinay

Hace casi dos meses, el 9 de junio, el juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires Darío E. Reynoso dictó una sentencia ordenando al gobierno porteño que brindara en 30 días hábiles la información sobre la ubicación de las cámaras privadas incorporadas a la red pública de vigilancia y que reestableciera la información sobre el mapa de cámaras públicas de la ciudad. Pero el gobierno no ha cumplido.

El sociólogo Andrés Pérez Esquivel (miembro de la Red Latinoamericana de Vigilancia, Tecnología y Sociedad) se amarga: “No he recibido todavía en mi domicilio los datos del registro privado de las cámaras que se han incorporado a la red pública”, dice. Él mismo originó la demanda luego de que la Policía Metropolitana se negara a cumplir con la ley 2.602 de videocámaras, que obliga al gobierno porteño a publicar la lista de ubicación.

Lo mismo ocurre con el sitio donde el gobierno de la Ciudad debe informar acerca de sus propias cámaras, en la web del Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar/areas/gobierno/centro_monitoreo_urbano.php). “Ese sitio web ya tendría que tener la ubicación exacta de las dos mil cámaras públicas, pero si uno quiere entrar a verlas, no puede”, dice Pérez Esquivel. Aparece en pantalla un ‘código malicioso’, o sea que la seguridad informática de la computadora del usuario recomienda no continuar. Hace unos días, además, ese sitio web pedía acceso a la cuenta de Facebook y Twitter del usuario”.

La ley de videocámaras fue votada en forma unánime, y el año pasado todos los legisladores, incluidos los del PRO, hicieron un pedido de informes (Res. 292/LCABA/13) a la Policía Metropolitana solicitando la ubicación exacta de las cámaras porque no las tenían. Sin embargo, cuando algunos de ellos fueron el último 28 de abril a buscar los datos, el Superintendente de Comunicaciones, Jorge Eduardo Martino, se negó a entregar la información. Además, este funcionario puesto por Jorge “Fino” Palacios, primer jefe de la fuerza (hoy procesado junto a Mauricio Macri por escuchas ilegales), también le negó esa información a la Auditoría General de la Ciudad (Proy. 10.11.01/13) y a la Defensoría del Pueblo (CPDP-DP Dict. Nº 04/13).

“El argumento que da la Policía para no revelar la información es que facilitaría las cosas a quien quisiera delinquir”, explica Pérez Esquivel. “Pero eso es una falsedad, porque quienes delinquen hacen antes un relevamiento visual buscando, justamente, cámaras de seguridad”.

En la Ciudad de Buenos Aires hay 1200 cámaras instaladas en 300 puntos. El gobierno de la Nación también tiene sus cámaras en la ciudad, pero ha entregado su lista a la Legislatura porteña y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Mientras  tanto, los legisladores Pablo Bergel y Gustavo Vera (de Verde Alameda), Virginia González Gass (de PSA) y Alejandro Bodart (de MST) presentaron un proyecto de ley para que se informe acerca del tema a las juntas comunales.

“Hay una gran cantidad de hipótesis que se pueden hacer ante la falta de transparencia del gobierno de la Ciudad”, sigue Pérez Esquivel. “¿Qué esconde? ¿Por qué no entrega la lista? ¿Es realmente porque considera que los delincuentes podrían hacerse con esa lista y evitar esos puntos? Podría ser también por un tema presupuestario: cada cámara costó 125 mil pesos y en total se gastaron 250 millones, lo que es excesivo y nos lleva a preguntarnos si realmente están todos esos aparatos en la calle. Otro por un tema de racionalidad de ubicación: hay algunas esquinas donde se ven cámaras de Nación y de Ciudad, vigilando los mismos puntos”.

La decisión de instalar cámaras para luchar contra el delito no es nueva. En 2007, la ciudad de Buenos Aires hizo punta con la creación del primer centro de monitoreo para recibir los datos de 74 cámaras diseminadas en las plazas y a fines de 2009 la policía Metropolitana sumó sus propios aparatos. Desde entonces, la medida de vigilancia trae aparejado un debate que discute las libertades individuales y también el gasto público, y que tiene tres preguntas como eje: quién ve, cuánto dinero se invierte y qué validez tienen las imágenes en la lucha contra el crimen.

“Según estudios en otros países, no está demostrado que la vigilancia con cámaras tenga una impacto en la baja del delito”, explica el abogado Ramiro Álvarez Ugarte, director del área de Acceso a la Información Pública, de la Asociación por los Derechos Civiles. “Este es un dato muy relevante, que no informa al debate público como debiera: si la presencia de cámaras de seguridad no baja los niveles de delitos entonces deberíamos evaluar si estas políticas son necesarias o no, ya que conllevan costos altos en un marco de escasez presupuestaria. Instalar cámaras implica, por ejemplo, restar recursos a policías, patrullas, entrenamiento, etcétera”. Por otro lado, Álvarez Ugarte se preocupa también por el derecho a la privacidad de los paseantes. “Si bien no tenemos expectativas de privacidad en la vía pública, una cosa es ser vistos por las personas con quienes nos cruzamos en la calle y otra es ser filmado por el Estado”, explica. “Entonces, en términos de libertades individuales, la expansión sin control de las cámaras de vigilancia achica nuestra esfera de libertad”.