Granero fue designado por Kirchner.

Por Rafael Saralegui

El procesamiento que la jueza federal María Servini de Cubría dictó al ex titular de la Sedronar José Granero y a otros dos ex funcionarios del organismo encargado de coordinar la lucha contra el narcotráfico por haber permitido la importación de miles de kilos de efedrina que fueron desviados hacia carteles mexicanos o para la producción local de estupefacientes, es sólo el comienzo de una trama de alcances insospechados.

Servini de Cubría procesó a Granero, Gabriel Abboud (ex subsecretario del mismo organismo) y a Julio de Orue (ex titular del Registro Nacional de Precursores Químicos) por consideraros partícipes necesario del “delito de haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes” y les trabó embargos por 28 millones de pesos, aunque también les permitió seguir en libertad. Por el mismo delito procesó a titulares o responsables técnicos de laboratorios.

Durante sus declaraciones indagatorias, los tres nombrados se defendieron con argumentos inconsistentes para explicar porque la importación de efedrina, pasó, por ejemplo, de 1500 kilos anuales a 40 mil kilos en sólo dos años. Argumentaron que el Sedronar no tenía personal capacitado, que las fuerzas de seguridad no les suministraban información por orden del ministro Aníbal Fernández o que la efedrina era también utilizada para realizar productos para adelgazar.

La interna entre Granero y Fernández fue histórica mientras ambos ocuparon cargos en el Gobierno por la forma en que debía encargarse la lucha contra el narcotráfico. Por caso, Fernández creó una comisión asesora para redactar una nueva ley de lucha contra el narcotráfico. De todos modos, los dos siguen vinculados al kirchnerismo: Fernández es senador nacional y Granero es director de Enarsa, la empresa de energía.

Granero está vinculado con los Kirchner desde hace décadas. El ex presidente fue quien primero lo designó cuando llegó al cargo en el PAMI, la obra social de los jubilados, y luego desde 2004 en el Sedronar, hasta que renunció en 2011, en medio de la interna con Fernández, quien impulsaba una política de despenalización del consumo de drogas, similar a la que se realizó en Uruguay.

El control del comercio ilegal de la efedrina fue lo que originó el llamado triple crimen de General Rodríguez. La distribuidora de una de las tres víctimas, Sebastián Forza, denominada Seacamp, aparece con un aporte de 200 mil pesos en la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

En la investigación a cargo de Servini de Cubría aparecen decenas de llamadas desde la Casa Rosada o desde la Casa Militar con el secretario personal de Granero y con un empleado del Registro Nacional de Precursores Químicos en momentos previos a la inscripción de alguna empresa y antes o después de la autorización de alguna importación de efedrina. Con quién hablaba aún es un misterio.

El fiscal Di Masi sostuvo que en un dictamen obrante en el expediente que “en una gran cantidad de oportunidades, cuando se verificaba que alguna persona física o jurídica operaba con precursores químicos sin estar inscripto ante el Registro Nacional de Precursores Químicos, se procedía a intimarla para que se registre, evitando de esa manera ser denunciada penalmente”. También consideró que “la cantidad importada de diversos precursores químicos -entre ellos efedrina- en el transcurso de la década pasada por parte de distintas droguerías y laboratorios resultaría ser holgadamente superior a la cantidad necesaria para cubrir las necesidades sanitarias del país, no advirtiéndose que se hubiesen tomado cierta medida al respecto por parte de la SEDRONAR…”.

El Departamento de Narcotráfico de la Aduana Argentina estableció que entre los años 1999 y 2010 se importaron al país 55.945,50 kilogramos de efedrina. De ése total, aproximadamente 40.000 kilos fueron importados sólo en dos años. Según la jueza “casi la totalidad de la efedrina importada en ese período -a excepción de 1500 kg aproximadamente-, fueron ingresadas al país a pedido de tan solo 5 empresas y una persona; a la sazón, Droguería Chutrau S.A.C.I.F.I.A., Droguería Saporiti S.A.C.I.F.I.A., Droguería Libertad S.A., Farmacéuticos Argentinos S.A, Unifarma S.A. y Guillermo Raúl Ascona. Y salvo las dos primeras de ellas, todos los directivos o representantes de las demás se encuentran imputados en el desvío ilegal del mentado precursor químico ante el Juzgado Federal de Campana, o bien enfrentando juicios por esas y otras conductas reprimidas por la ley 23.737 ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2 de San Martín y el Tribunal Oral en lo Federal N°4 de esta ciudad”.

La jueza sostiene que “en ese contexto, fue que se les atribuyó a José Ramón GRANERO -Secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación-, Gabriel Yusef ABBOUD – en su calidad de Director de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos y luego como Subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico de la SEDRONAR- y a Julio De Orue -en su carácter de Director del Registro Nacional de Precursores Químicos de la SEDRONAR- el haber participado en la introducción al país de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes”.

Los funcionarios dijeron también en sus indagatorias que el aumento de la importación de efedrina, proveniente de India y China, también obedecía al repunte de la industria farmaceútica como consecuencia de la salida de la crisis de 2001. El argumento no se sostiene. Raquel Méndez (Jefa del Departamento de Psicotrópicos y Estupefacientes de la ANMAT) cuando declara como testigos sostiene con 156 kilos “alcanzan para cubrir las necesidades sanitarias anuales del país”. Tampoco es consistente la argumentación de que la efedrina se usaba para producir sustancias para adelgazar.

“No fue casual, ni un descuido, lo que aconteció con los volúmenes de importación de efedrina. La real y única problemática es una operación de narcotráfico internacional. Como se verá más adelante, quedó ampliamente demostrado en distintos procesos judiciales, que las importaciones al país de efedrina tenían como último destino la República de México, ya sea como materia prima en sí o ya producida la metanfetamina”, escribió Servini de Cubría en el auto de procesamiento.

Molesta con los argumentos defensivos de los ex funcionarios de la Sedronar, Servini de Cubría, la más veterana de los jueces federales de primera instancia, sostuvo que “la principal razón por la que terminantemente me niego a seguir discurriendo sobre nimiedades, es que se corroboró que de los 47.625 kg de efedrina importados entre los años 2004 a 2008, 40.972,195 kg fueron desviados a manos de condenados, procesados o denunciados por maniobras de narcotráfico. Y eso es lo tremendamente llamativo, ni por obligación legal, ni por inquietud funcional, ni siquiera por un no hacer, se comprende el accionar de los funcionarios públicos. Contrariando toda lógica, análisis o las más forzadas hipótesis que se intenten, sin un solo argumento o justificativo, autorizaron el incremento de las importaciones de efedrina en un 1363% en solo 4 años. Se pasó de importar entre 1200 a 1500 kg de efedrina desde los años 1999 hasta 2003, a más de 20.000 kg solo en el año 2007. La consecuencia previsible, fue que 40.972,195 kg de los 47.625 kg importados entre los años 2004 a 2008 terminaran en manos de condenados, procesados y denunciados por maniobras de narcotráfico”.