La zona de Once es la más perjudicada por la venta ilegal.

Por Ignacio Ramírez.

Que las fuerzas de seguridad participen directamente del mercado ilegal callejero no es nuevo. Que cobren protección por mirar para otro lado, mucho menos. La Justicia investiga la relación fluida que existe entre efectivos de la Policía Federal y el comercio irregular informal de las veredas. La Sociedad Anónima de los manteros y los federales es una realidad.

Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), crece la venta ilegal en las veredas de la Ciudad de Buenos Aires. En junio, la venta ilegal ascendió a 2.227 millones de pesos en todo el país. La cifra es el resultado de un muestreo de 406 ciudades de todo el territorio, donde se encontraron 119 localidades con formatos comerciales tipo “Saladitas”, y un total de 56.785 vendedores ilegales, de los cuales 35.552 son por puestos en ferias y 21.233 manteros en la vía pública.

Según datos de un informe elaborado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño, en el primer semestre de este año los fiscales recibieron 518 denuncias por venta de alimentos y bebidas en las calles, con un promedio diario de 2,8 denuncias. La gran mayoría de las denuncias fueron hechas por los vecinos, y comerciantes particulares damnificados por el comercio informal, además de otras causas que se iniciaron por la Policía Metropolitana o por los inspectores del Gobierno porteño.

La zona más caliente es la de Once. La Justicia porteña tiene identificado al menos 120 personas dedicadas a este comercio ilegal. Se cree que este centenar de personas son los presuntos organizadores y partícipes de la venta ilegal en las calles del barrio. La mayoría de los integrantes de la organización son extranjeros y operan desde la fachada de 34 locales e inmuebles utilizados como depósitos. La mercadería en muchos casos es estoqueada en locales para luego ser redistribuida a los puestos fijos de la ciudad.

Los productos comercializados son de dudosa procedencia y la organización logística de los manteros de Once cuenta con cierta participación en el negocio ilegal de personal del gobierno de la ciudad,  policías federales y ex efectivos, según las investigaciones en marcha. Mientras los manteros resisten los desalojos y persecución municipal, la Justicia avanza en la investigación de la organización mafiosa y sus ramificaciones en la ciudad

La causa a cargo de la fiscal Verónica Guagnino da cuenta de 11 locales allanados, donde se decomisaron más de 60 camiones con mercadería para la venta. Las pantallas formales de los comercios son sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

Si bien la fiscal Guagnino se concentra en los cabecillas y la protección policial, la investigación logró identificar a más vendedores ambulantes, muchos de los cuales no tienen otra alternativa laboral. Los vendedores deben pagar para trabajar, y por protección ante eventuales inspecciones sorpresa.

«Quienes tiran una manta en la calle para vender cualquier tipo de producto, están manejados por organizaciones mafiosas que se apropian del espacio público, ante la pasividad de las autoridades porteñas que no toman el tema con seriedad», indica Arturo Stábile, vicepresidente segundo de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA).

Luego subrayó el trabajo de los fiscales, pero sostuvo que «pueden hacer poco, porque no cuentan con el apoyo de la policía». Stábile responsabilizó también a «algunos legisladores que intentan legalizar la venta ilegal con proyectos de ley». Con ese marco, aseguró luego que «hay comerciantes que evalúan pasarse a la ilegalidad, al ver que no existe ningún sistema de premios y castigos».